Verificación en Jalisco: Entra en vigor la reforma a la verificación vehicular
Entre los ajustes está la obligación de que se verifiquen todos los automóviles oficiales, incluidos los de Ayuntamientos y organismos constitucionales
Los ajustes a las bases del programa de verificación vehicular fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado y entraron en vigor. Se especificó que la revisión es obligatoria sólo para los automóviles que se encuentren registrados o los de estancia permanente en zonas metropolitanas o municipios de más de cien mil habitantes, siempre que cuenten con centros de verificación vehicular.
Entre los ajustes está la obligación de que se verifiquen todos los automóviles oficiales, incluidos los de Ayuntamientos y organismos constitucionales; estas dependencias deberán incluir en su presupuesto del próximo año recursos para pagar por la revisión. Por otra parte, en el caso de los autos híbridos o eléctricos quedan libres del trámite, originalmente la excepción era sólo para los eléctricos.
También se concretó ampliar cuatro años el contrato con la empresa proveedora de la tecnología usada en las revisiones. El convenio original con la compañía Worldwide Environmental Products, era por 15 años, pero con el argumento de que la pandemia modificó las previsiones y expectativas del programa, se aprobó extenderlo a 19 años.
En artículos transitorios de la reforma se especifica que en la Ley de Ingresos 2023 deben quedar contemplados los incentivos a las personas que cumplan con la verificación este año. Habrá 10% de descuento en el pago de refrendo vehicular y tarjeta de circulación, la reducción será adicional a lo que se otorgue por pronto pago y a los trámites a través de internet. También 20% de descuento en la dotación de placas a los vehículos foráneos que cumplieron con la verificación vehicular.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) tiene plazo de 30 días para hacer las adecuaciones correspondientes al programa. Las Secretarías de Hacienda y la de Administración tendrán que gestionar y concretar la modificación del contrato con el proveedor, en un plazo máximo de 60 días.
JM