Jalisco

Ven manipulación de datos sobre pacto fiscal

Especialistas afirman que los argumentos del gobernador para justificar el maltrato presupuestal de la Federación son tramposos 

El gobernador de Jalisco utiliza argumentos engañosos para justificar el maltrato presupuestal del Gobierno federal al Estado, acentuaron especialistas.

Para promocionar la consulta sobre el pacto fiscal, el mandatario estatal difunde que Jalisco aporta ocho de cada 100 pesos a la economía nacional, pero le regresan sólo dos. El Gobierno obtiene la cifra al considerar la aportación de la Entidad al PIB nacional.

Sin embargo, al comparar la recaudación tributaria en vez del PIB, de cada 100 pesos que aportó Jalisco en 2020 al presupuesto federal -vía impuestos como el ISR y el IVA-, la Federación le regresó alrededor de 83, de acuerdo con el Inegi.

Luis Ignacio Román, economista, argumentó que resulta equivocada la comparación del aporte al PIB con lo que realmente recauda el Gobierno federal en el Estado. Recordó que el PIB comprende todo el consumo, valor de todos los bienes, servicios e inversiones del país, más el gasto público, monto que, dijo, no se puede comparar con la carga tributaria.

“La comparación con el PIB es francamente tramposa y la comparación de gasto público es doblemente tramposa porque están estableciendo una asociación entre el gasto para Jalisco y el asignado al Gobierno estatal. El Estado es mucho más que su gobierno”, expuso el también académico del ITESO.

Por su parte, Andrés Barrios Arenas, coordinador de la Plataforma Nacional Nuestro Presupuesto, afirmó que el titular del Poder Ejecutivo estatal desinforma en la propaganda que difunde en redes sociales sobre el trato fiscal a Jalisco.

“Lo que hace el gobernador es comparar peras con manzanas y está desinformando a la población. Una cosa es la producción de riqueza, que es el aporte al PIB, y otra cosa distinta es la recaudación y la repartición de los ingresos”, dijo.

Ambos especialistas coincidieron en que es necesario reformular el pacto fiscal para adaptarlo a las actuales condiciones económicas del país y porque desde su origen sus términos son abigarrados.

Refirieron que la consulta, que costará 22.5 millones de pesos, es más un mecanismo de promoción para el gobernador que un ejercicio para abrir el debate del convenio fiscal.
 

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