Van siete fallecidos por COVID-19 en cárceles de Jalisco
La CEDHJ detalla que, de los fallecidos, cuatro eran internos y el resto "técnicos administrativos"
Desde que inició la pandemia ocasionada por el coronavirus en el mes de marzo y hasta el pasado 31 de julio, un total de siete personas, quienes formaban parte del sistema penitenciario del Estado de Jalisco, habían perdido la vida a causa de COVID-19, según informó este martes la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
El organismo, quien este día presentó el “Informe especial sobre la pandemia COVID-19 y las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión a cargo del gobierno de Jalisco”, indicó que de los fallecidos, cuatro eran internos, quienes se hallaban dentro de alguno de los centros de reclusión.
El resto, dijo, fueron identificados como “técnicos administrativos” de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.
Además, hasta esa misma fecha 90 personas diagnosticadas con COVID-19, de los cuales 71 son personas privadas de la libertad, seis de personal de vigilancia y custodia y seis de personal técnico administrativo. Para entonces, dijo, todos los pacientes ya habían sido reportados como “recuperados”, por lo que ese día no había personas con coronavirus consideradas como “pacientes activos”.
El Informe dio a conocer que, luego de las visitas realizadas por la CEDHJ a los distintos centros del sistema pentenciario, el organismo determinó que “sin importar las complicaciones que pudieran presentarse por las condiciones propias de los centros de reclusión, el hacinamiento y sobrepoblación que tienen algunos de los reclusorios estatales”, las autoridades penitenciarias y de salud han contenido el brote de COVID-19, evitando un contagio superior.
Sin empargo, pese a la existencia de protocolos para la prevención y atención de COVID-19 en los reclusorios, la CEDHJ destacó que es necesario reforzar las acciones para garantizar de forma integral los derechos humanos de todas las personas que interactúan en los centros penitenciarios.
Por ello, el organismo solicitó a la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado, entre otros puntos, que garantice los insumos necesarios para la seguridad del personal médico y de enfermería que apoya en los centros penitenciarios durante la contingencia y que se continúe la aplicación de pruebas de detección del virus a las personas privadas de la libertad y al personal que labora en los centros de reclusión.
La defensoría también pidió que, una vez que estén disponibles, se destinen las vacunas necesarias para la prevención del virus, tomando en cuenta a los grupos de población penitenciaria vulnerables, y que se garantice los insumos de limpieza, sanitización y cubrebocas para las personas privadas de la libertad, para los niños que ahí habiten y para el personal que ahí labora, además de que se informe oportunamente a las familias de las personas privadas de la libertad y de los servidores públicos que resulten confirmados o bajo sospecha de contagio de COVID-19.
Por último y de nueva cuenta, la CEDHJ pidió a los legisladores del Estado que se promulgue una ley de amnistía a favor de la población penitenciaria que armonice con la Ley General de Amnistía, además de la creación de la Comisión en la materia a fin de combatir la sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles, mientras que al Poder Judicial pidió se asigne personal y recursos suficientes para la despresurización penitenciaria.
JM