Se plantan en Casa Jalisco contra encarcelamiento de tres universitarios

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) mantendrá un plantón de manera indefinida frente a Casa Jalisco luego de que el juez Décimo de Control, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, dictó prisión preventiva por el presunto delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas en contra del expresidente de dicha organización, Javier Armenta, y de los alumnos Iván Cisneros y José Rojas. Esto por la ocupación de un predio privado de 13.6 hectáreas. 

Ellos quedaron en prisión preventiva hasta el próximo martes, cuando se reanudará la audiencia y se definirá si se les vincula a proceso. 

Armenta afirmó en días pasados que la denuncia se debe a una persecución política por parte del Gobierno del Estado. 

Los hechos por los que se les acusó ocurrieron en marzo de 2021, cuando alumnos y vecinos de la colonia Huentitán ingresaron al predio ubicado en el Periférico y la calzada Independencia. La Fiscalía los desalojó el 19 de agosto de ese mismo año.

“Anómalo”, caso contra universitarios: UdeG

Alumnos, docentes y personal administrativo se manifestaron desde el edificio de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en la avenida Juárez con rumbo a Casa Jalisco, en donde permanecen luego de que se dictó prisión preventiva al expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Javier Armenta Araiza, así como los estudiantes Iván Cisneros González y José Rojas Umazor, por el presunto delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas.

La manifestación se llevó a cabo previo a la comparecencia de los universitarios en el penal de Puente Grande, en donde se realizó la audiencia inicial de formulación de imputación ante los delitos señalados, diligencia penal que derivó en el encarcelamiento de los estudiantes.

Previo a la manifestación, el exlíder estudiantil, Javier Armenta, denunció que el proceso judicial que enfrenta en conjunto con sus dos compañeros universitarios es parte de una persecución política orquestada por el Gobierno de Jalisco, ante lo que señaló como un negocio millonario por parte del gobernador del Estado.

Armenta Araiza agregó que el proceso judicial que ahora enfrentan él y sus compañeros universitarios por medio de una denuncia presentada por las empresas “Operadora Hotelera Salamanca” y “Hoteles Rivera Delux” por el delito de despojo de bienes inmuebles y aguas, va más allá de un tema de privados, sino que se traspasó a un asunto público en donde el Ejecutivo Estatal tiene las manos metidas.

Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, hizo un llamado al juez décimo de control, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, a que actuara con autonomía ante lo que calificó como un proceso judicial lleno de irregularidades.

“Ha sido evidente las anomalías, la rapidez con la que han tratado de llevar este asunto, que eso fue lo que nos generó desconfianza en el periodo vacacional que los juicios en Jalisco tardan años, pero justo cuando se va de vacaciones el juez que lleva este asunto, un juez toma de manera ilegal este asunto, los cita reiteradamente, se ve el uso político, faccioso de las autoridades en este caso y eso fue lo que generó alarmas durante el periodo vacacional estudiantil y de la Universidad”, refirió.

El rector aseguró que la puesta en prisión preventiva de los estudiantes universitarios sería una muestra clara de que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial en Jalisco están supeditados a las órdenes del Ejecutivo, sin mayor autonomía ni división de poderes, un escenario “devastador” para la vida democrática estatal.

TELÓN DE FONDO

¿De qué los acusan?

Los delitos por los que son perseguidos por el Poder Judicial del Estado fueron denunciados por dos empresas inmobiliarias del orden privado y datan del año 2021, cuando el mes de marzo estudiantes y vecinos de la colonia Huentitán, ingresaron de manera pacífica a un predio de ubicado en el Periférico Manuel Gómez Morín y la calzada Independencia.

Los estudiantes y manifestantes se mantuvieron al interior del espacio denominado “Parque Resistencia Huentitán” por 144 días hasta que la Fiscalía General de Jalisco los desalojó de forma violenta, el 19 de agosto de ese mismo año.

Acorde al artículo 262 del Código Penal de Jalisco, se considera como delito de despojo de inmuebles y aguas al que de propia autoridad y haciendo violencia física o moral, o furtivamente, o empleando amenazas o engaño, ocupe o use un inmueble o un derecho real que no le pertenezca; ocupe un bien inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permita por hallarse en poder de otra persona, o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante; y en beneficio propio o ajeno, desviare o utilizare aguas a que no tenga derecho.

Cronología

1980. El Congreso del Estado de Jalisco autorizó al Ayuntamiento de Guadalajara la compra de diversos bienes inmuebles para la construcción de un parque municipal, entre ellos decenas de hectáreas del Ejido Huentitán.

2008. El alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, impulsó el proyecto Puerta Guadalajara, mediante el cual cedió 13.6 hectáreas de este predio a la empresa Mecano América, S.A. de C.V. con la premisa de que además de construcciones inmobiliarias también habría donaciones de áreas públicas y esparcimiento para la ciudadanía.

2012. La compañía Mecano se fue a la quiebra, por lo que decidió vender sus derechos de propiedad a la empresa Operadora Hotelera Salamanca sin el visto bueno del pleno del Ayuntamiento. Desde hace 10 años, el Gobierno de Guadalajara debió de cobrar una sanción por el orden de los 40 millones de pesos por incumplir la entrega de las obras.

2016. Cuando el ahora gobernador de Jalisco era presidente municipal de Guadalajara, el Ayuntamiento tapatío no sólo no canceló el convenio con la empresa por incumplimiento, sino que firmó un nuevo contrato para impulsar el “Plan Maestro Huentitán”, un acuerdo que contempló obras de mitigación de inundaciones, espacios públicos y hasta un parque con malecón panorámico, con una inversión de 688 millones de pesos.

2019. El convenio venció sin mayores avances en la obra privada, ahora denominada Iconia, tras la venta de Operadora Hotelera Salamanca a Hoteles RivieraDeluxe, además de que tampoco se cumplió con la entrega al Ayuntamiento de obras de infraestructura urbana, medio ambiente y desarrollo social. Fue ahí cuando vecinos de la zona y estudiantes universitarios decidieron emprender una lucha para la recuperación del espacio.

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