Juez que encarceló a universitarios, con conflicto de interés en el caso
El juez que dictó prisión preventiva contra los estudiantes de la UdeG presuntamente tiene intereses personales en el conflicto
El juez décimo de control, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, quien dictó prisión preventiva en contra de los estudiantes Javier Armenta Araiza, Ilich Cisneros González y José Rojas Umazor, tiene conflictos de interés en el caso, según una serie de documentos en manos de este medio de comunicación.
Relacionado con el caso, Javier Armenta presentó diversas denuncias en contra de cuatro ex presidentes municipales por los delitos de “atribuciones y facultades, cohecho, peculado y defraudación fiscal” en el marco de las acciones emprendidas por las anomalías del proyecto inmobiliario que se lleva a cabo en el Parque Huentitán, mismo que fue tomado por los estudiantes en marzo de 2021 a manera de protesta.
Se trata de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República el 26 de abril de 2021, aunque también se enunciaron dichos ilícitios en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco el 29 de marzo del mismo año, la queja presentada el mismo día ante la Contraloría Ciudadana del ayuntamiento de Guadalajara, que derivó en una supuesta investigación administrativa y en el expediente de juicio político con número presentado ante el Congreso de Jalisco el 23 de junio de 2021.
En dichos documentos se expone cómo los ex alcaldes, entre ellos el hoy gobernador de Jalisco, “utilizaron al ayuntamiento de Guadalajara como un negocio propio”, al ignorar el decreto 10421 que autoriza a la alcaldía la construcción de un parque municipal en el predio en disputa, y del cual fueron desalojados los jóvenes por medio de la fuerza pública en agosto de 2021 tras 144 días de protesta en busca de su defensa.
El parque, señalan las denuncias, no se llevó a cabo, y por el contrario el predio se vendió a particulares para la construcción de edificios para vivienda, situación que se dejó pasar de administración en administración desde 2008. Sin embargo, en las querellas también se menciona a María Cristina Estrada Domínguez, quien fungió como regidora en 2008, y quien, según su hoja de vida, es esposa del juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos, quien lleva el caso de los tres jóvenes hoy encarcelados, por lo que se puede considerar un conflicto de interés en el caso.
Las denuncias fueron presentadas por Javier Armenta como denunciante, y en algunas de ellas resalta también el nombre de Ilich Cisneros, a quien se cita como abogado autorizado para el seguimiento de los procedimientos que debieran seguir las querellas.
Hoy ambos se encuentran en prisión preventiva emitida por Felipe de Jesús, en espera de que se desarrolle, elpróximo martes 10 de enero, la audiencia para determinar si los jóvenes son vinculados a proceso y continúan tras las rejas en espera del avance del caso.
FS