Si existió irregularidad, no fui el responsable, justifica exsecretario de Salud
Jaime Agustín González Álvarez recordó que la ley establecía que el secretario tenía la capacidad de compartir las responsabilidades con directores y jefes de oficina, donde los subalternos podían actuar con libertad
Aunque reconoció que tenía la facultad para poder avalar documentos, el ex secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, justificó que no hubo responsabilidad o dolo suyo en el contrato de servicios presuntamente irregular por el que se le vinculó a proceso el pasado lunes.
Recordó que la ley establecía que el secretario tenía la capacidad de compartir las responsabilidades con directores y jefes de oficina, donde los subalternos podían actuar con libertad según las competencias de sus respectivas áreas. Por ello, cuando le llegaba un documento que ya había pasado por otras áreas él lo firmaba.
"Fue parte de las observaciones que me hizo el Ministerio Público y de alguna manera yo aquí pude comprobar que no era una responsabilidad de un servidor".
La dependencia, dijo, tiene una estructura de 22 mil trabajadores, por lo que existe la necesidad de delegar responsabilidades.
Este lunes, González Álvarez fue vinculado a proceso a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción junto con otros dos ex servidores por un contrato de servicios por 6.2 millones de pesos que presuntamente se adjudicó sin licitar o concursar, además que se otorgó a un despacho que no estaba inscrito en el padrón de proveedores.
El ex secretario aseguró que el fin de dicho contrato fue solventar observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a mediados de 2013 por cuatro mil millones de pesos, que de no haberse resuelto habría implicado un severo daño para el estado, contrario a los argumentos del Ministerio Público, que advirtió que el objetivo de ese servicio no estaba claro.
"Mi indicación en una junta que realicé con los directores fue, 'hay que solventar esas observaciones a como dé lugar', y de ahí se desprende que alguien en el despacho de la Secretaría de Salud se puso a localizar a ver quién tenía las características para poder trabajar y solventar esas observaciones, que al final del día están solventadas". Esto lo presentará como prueba incluso a su favor en audiencia.
El fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, sostuvo que existen elementos para presumir que sí se incurrió en el delito de desvío y aprovechamiento ilícito de atribuciones y facultades.
"Ellos deben decir que no tienen ninguna responsabilidad y esperan que se les haga justicia, pero para nosotros que se les haga justicia es que se les aplique una sanción".
Las sanciones por dicho delito van de los dos a los nueve años de prisión, aunque hay alternativas. "Es el máximo una pena de prisión, pero hay procedimientos abreviados, proceso a prueba, acuerdos reparatorios, una serie de situaciones y de herramientas que se pueden utilizar".
LS