Señalan a funcionarios públicos en 20 casos de desaparición en Jalisco

Un hombre trabajaba en su taller mecánico cuando llegaron personas y lo privaron de la libertad. Tras una investigación se constató que un mando de la Policía de San Pedro Tlaquepaque fue cómplice de los hechos, ocurridos en junio de 2017.

El 31 de enero de 2018, un italiano perdió comunicación con sus familiares. Después, dos personas fueron a buscarlo a Tecalitlán. Y  luego de otra investigación se reveló que fueron entregados a un supuesto jefe de plaza de la delincuencia organizada por parte de policías municipales. 

En febrero de ese  año, cuatro personas se trasladaban en un vehículo con rumbo a Guadalajara, pero uno de ellos avisó a su pareja que fueron detenidos por policías municipales de Autlán de Navarro. No volvieron a saber de su paradero. 

Por último, en agosto de 2018, agentes tapatíos detuvieron a un hombre para interrogarlo y después de eso nadie lo volvió a ver.

En estos cuatro casos, que involucran a nueve personas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) acreditó el delito de desaparición forzada por parte de elementos municipales de San Pedro Tlaquepaque, Tecalitlán, Autlán de Navarro y Guadalajara. Sin embargo, aunque sólo en estos se prueba el delito, en otros 16  sucesos se denunciaron hechos con algún señalamiento sobre la participación de servidores públicos.

Entre los eventos que no probaron la participación de servidores públicos figura la desaparición de los tres estudiantes de cine, en marzo de 2018. “Si bien en 16 casos en los que las personas peticionarias señalaron la intervención de  algún servidor público municipal, estatal o federal,  no  lograron recabarse evidencias directas que permitieran acreditar la responsabilidad de los empleados públicos, esto no prueba tampoco que no se hubieran desplegado las conductas denunciadas”,  se detalla en la recomendación 25/2019 de la CEDHJ, que acumula eventos de los dos años mencionados.

En mayo de 2020, mediante la recomendación 11/2020, se informó que probablemente elementos de la Fiscalía estatal participaron en otros dos casos de desaparición forzada en 2019, aunque no se han acreditado.

Alfonso Partida Caballero, académico de la Universidad de Guadalajara, remarca que Jalisco tiene varios años estancado en el tema de inseguridad. Y mantiene un “doble discurso” en cuanto a las cifras de desaparecidos, ya que se dice que las cosas “se hacen de forma correcta cuando en la práctica se evidencia lo contrario”. Sobre la acreditación de la desaparición forzada indica que el siguiente paso deber ser investigar y sancionar a los responsables.

La ONU exige cuentas al Gobierno Estatal

La oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió al Gobierno de Jalisco un documento con 12 recomendaciones, luego que en las manifestaciones para pedir justicia por la muerte de Giovanni López se registraron 60 detenciones ilegales por parte de la Fiscalía.

Exhiben fallas sistemáticas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, a través de la recomendación 25/2019, documentó que en los 73 casos de quejas por desaparición de personas, las víctimas de los afectados manifestaron la inconformidad por el actuar de la institución del Ministerio Público y sus representantes, agentes y policías investigadores.

En ese sentido, la Comisión detectó que el personal ministerial responsable de las investigaciones de los delitos denunciados, así como del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), no realizó investigaciones efectivas, diligentes y cuidadosas, ni una adecuada  búsqueda que permitieran la localización e identificación de las víctimas y que se conociera la verdad de los hechos. 

En los cuatro casos de desaparición forzada reportaron que existieron fallas graves. Por ejemplo, en el evento del hombre del taller mecánico en San Pedro Tlaquepaque fueron tres personas privadas de la libertad  y, aunque liberaron a dos de los detenidos, no se les entrevistó oportunamente ni se siguió esa línea de investigación. Tampoco se realizó una investigación mediante las cámaras de video instaladas cerca del lugar de la privación ilegal, sino que un familiar aportó las imágenes. Hasta un año después solicitaron los videos de las cámaras de calles cercanas por donde transitaron los vehículos donde se llevaron a la persona desaparecida.

En el caso de los tres italianos privados de la libertad en Tecalitlán, la Comisión Estatal documentó que no se dictaron medidas de protección a los familiares que acudieron en búsqueda de las personas desaparecidas, no obstante que existían datos de la probable desaparición forzada.

Sobre los cuatro hombres detenidos por la Policía de Autlán, se detectó  que no se investigaron los números de las patrullas que uno de los hombres compartió por mensaje antes de su desaparición. Además, faltaron las entrevistas del personal municipal que estuvo en turno el día de la desaparición, no se realizó una investigación de las llamadas ni se solicitó la geolocalización del teléfono de las personas desaparecidas.

Y en la desaparición de un hombre detenido por agentes de la Policía de Guadalajara, se indica que tres agentes ministeriales intervinieron en la integración de la indagatoria; por tanto, se dio la práctica del cambio de agente ministerial, lo que ha dilatado la investigación.

“No obstante que hay señalamientos y declaraciones de quienes vieron por última ocasión a la víctima, incluyendo a los policías investigadores y preventivos, con conocimiento ministerial, no se ha actuado en consecuencia”.

Sin acreditar delito

La desaparición de los tres estudiantes de cine fue uno de los 16 eventos ocurridos entre 2017 y 2018, en donde los peticionarios señalaron que en la desaparición de personas intervino algún servidor público municipal, estatal o federal.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) explica que si bien no pudo acreditar la participación de servidores públicos, existen indicios que hacen presumir “la omisión o aquiescencia” de policías de Tonalá y elementos de la entonces Fiscalía General del Estado, “que deben inducir a las autoridades para explorar de forma exhaustiva y con la debida diligencia esta línea de investigación para encontrar la verdad histórica de los hechos y poder sancionar a los responsables”.

Por otro lado, documentaron fallas en el seguimiento; por ejemplo, que la operadora del Centro Integral de Comunicaciones no actuó conforme al protocolo de delitos de alto impacto, que no se realizó la investigación inmediata a nivel nacional y que no existió la debida coordinación con otras áreas de la  Fiscalía, particularmente con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

“Con este Instituto fue pública y notoria la discrepancia en la información que dieron a conocer sobre los resultados de las pruebas genéticas y otras periciales practicadas”, subraya la Comisión.

En otras deficiencias se destacó que no se giró oficio con prontitud a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jalisco para que se brindara apoyo integral y se inscribiera en el Registro Estatal de Víctimas. Tampoco se solicitó con inmediatez la geolocalización de los teléfonos de las personas desaparecidas y no se realizó la investigación inmediata de las llamadas de teléfonos de las personas afectadas.

TELÓN DE FONDO

Diputados retrasan armonización de leyes

La armonización de la legislación estatal con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas está por cumplir dos años de retraso en Jalisco, ya que debió estar lista desde julio de 2018, según los plazos marcados por la Cámara de Diputados Federal.

También se tienen retrasos en la aprobación de las reformas a la legislación estatal sobre Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, la Ley de Atención a Víctimas y la iniciativa de Ley de Personas Desaparecidas.

A principios de este año se realizó un foro para trabajar en las reformas; sin embargo, los diputados del Congreso de Jalisco no acudieron para acompañar a las familias. 

Tras el desaire, en mayo pasado, los coordinadores parlamentarios acordaron retomar los trabajos para la aprobación de las leyes pendientes, pero no se registran avances.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) emitió un comunicado en enero pasado, en el cual indicó que en la Fiscalía de Jalisco no existían procesos de supervisión en la sistematización de datos y actualización de registros de graves violaciones a los derechos humanos en la Entidad, lo que abona a la desconfianza respecto a la fiabilidad de las cifras publicadas tanto en el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) como en el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda.

“Los registros también presentan conceptos erróneos en la clasificación de los datos, en relación con las definiciones establecidas en el Artículo 4 de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, destacó el Cepad.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que comete este delito el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o por proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

GUÍA

Responsabilizan a tres administraciones federales por la “Guerra sucia” en el país

• Entre las décadas de los sesenta y ochenta del siglo pasado, las fuerzas de seguridad aplicaron una política de represión sistemática contra estudiantes, indígenas, activistas sociales y cualquier sospechoso de ser parte de un movimiento de oposición.
• Los graves abusos cometidos en el periodo conocido como la “Guerra sucia”  incluyeron masacres de estudiantes en 1968 y 1971, así como la tortura, ejecución y desaparición forzada de cientos de disidentes y presuntos simpatizantes.
• En el análisis “La desaparición forzada en México: Una mirada desde los organismos del sistema de las Naciones Unidas”, se recuerda que hace algunos años, el Estado mexicano se negaba a reconocer la existencia de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. “El Estado ha reorientado su curso y adoptó algunas medidas relacionadas con los crímenes cometidos durante la ‘Guerra sucia’. Un informe oficial sostuvo que las administraciones de tres presidentes eran responsables de los crímenes, rechazando así la teoría de que las atrocidades fueron cometidas por iniciativa propia de policías o por determinadas unidades militares”.
• El Comité contra la Desaparición Forzada informó que, aunque Guerrero, Jalisco y Puebla han otorgado poder a las instituciones estatales de derechos humanos para abordar las desapariciones forzadas, la posibilidad de que los delitos sean  investigados a nivel federal o estatal, dependiendo de quién sea el autor imputado, diluyen la responsabilidad de las autoridades federales y locales.
• “El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014, en el Estado de Guerrero, ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”, menciona el Comité.

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