Cuestionan las fallas en la videovigilancia
Diputados de oposición critican al Gabinete de Seguridad estatal sobre la utilidad de las cámaras ante actos violentos
En la glosa del Cuarto Informe del gobernador, diputados de oposición cuestionaron el funcionamiento del sistema de videovigilancia.
Enrique Velázquez, de Hagamos, criticó la falta de certeza sobre la operatividad del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C5). “¿En qué consiste la labor de coordinación estratégica de seguridad? ¿De qué sirvieron las cámaras del C5?”, resaltó.
Hortensia Noroña, del PRI, sumó interrogantes sobre la utilidad de las cámaras ante actos delictivos de alto impacto, como los bloqueos o balaceras registradas en los últimos meses en la metrópoli.
“Las bondades del C5 en teoría podrán ser muchas, pero lamentablemente a la hora de la verdad es como el arcoíris: sale después de la tormenta. En los hechos violentos que han aterrorizado a los ciudadanos, las cámaras no han sido las protagonistas”.
Ricardo Sánchez Beruben, coordinador del Gabinete estatal de Seguridad, respondió que el actual Gobierno recibió el C5 con 50% de cámaras en funcionamiento y afirmó que actualmente sirven 98%; precisó que el resto no opera por cuestiones climatológicas o del punto de vista de las cámaras por temas de mobiliario urbano.
Agregó que el Escudo Urbano ha coadyuvado en la detención de 365 personas y en la recuperación de mil 936 vehículos. Presumió que este año invirtieron 110 millones de pesos en el sistema de despacho de llamadas de emergencia y en la compra de equipo.
Por otra parte, el fiscal Luis Joaquín Méndez reiteró en su participación que el caso del asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval está resuelto, pues saben cómo fueron los hechos y hay órdenes de aprehensión. Sin embargo, no precisó cuál fue el móvil.
Omiten cifra de agentes vinculados a criminales
La Fiscalía del Estado omitió informar cuántos de los 27 elementos dados de baja en la actual administración fueron despedidos por vínculos con la delincuencia organizada. El titular de la dependencia estatal, Luis Joaquín Méndez Ruíz, dijo que no está en condiciones de informar hasta que el órgano interno de control revise los procesos.
“Ya tendríamos que checarlo con las áreas de control y ver cuáles fueron las causas de la separación –¿hay alguno por delincuencia organizada?– tendríamos que esperar a que los órganos de control revisen y estar en condiciones de informar”, respondió en entrevista posterior a su comparecencia del Cuarto Informe de Gobierno en el Congreso Estatal.
En la reunión, la diputada de Morena, Yussara Canales, cuestionó al funcionario estatal sobre la investigación de los presuntos vínculos con la delincuencia organizada con el personal cesado. El funcionario dijo que están en constante supervisión por parte de los órganos internos de control, sostuvo que el cese no es la única figura de sanción y presumió que han fortalecido las áreas de control interno.
"Tendríamos que esperar a que los órganos de control revisen y estar en condiciones de informar"
Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal.
Jilotlán de los Dolores
Hay gobernabilidad, afirman
Sánchez Beruben dijo que el municipio tiene gobernabilidad, no reporta incidencia delictiva en fuero común y argumentó que la situación de inseguridad es regional por la colindancia con Michoacán, donde hay una disputa entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada.
Reconocen subejercicio en recursos
A pesar de ser el Estado con mayor número de personas desaparecidas, Jalisco tuvo un subejercicio de 11 millones de pesos (MDP) en recursos federales entregados a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
Luego de ser cuestionado sobre el tema por la diputada de Morena, Yussara Canales González, durante la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, Ricardo Sánchez Beruben, coordinador del gabinete estatal seguridad admitió que devolvieron recursos, pero lo justificó. Argumentó que regresaron al Gobierno Federal 6 MDP por “ahorros” y 5 millones más que no ejercieron pues estaban destinados a la compra de vehículos que no se concretó por la escasez de unidades por la falta de chips conectores.
Anna Karolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, cuestionó las cifras presentadas en materia de desaparición de personas y que no se aborda el tema de la tortura. En respuesta, el coordinador dijo que firmaron un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para capacitar elementos policiacos para prevenir la tortura.
La legisladora morenista Claudia García Hernández, también advirtió fallas en la atención a las víctimas indirectas y que han desestimado el trabajo de las familias que buscan.
El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, criticó el optimismo de las cifras del Gobierno Estatal en materia de inseguridad y pidió contrastarlas con estudios independientes como las estadísticas de Coparmex del impacto de la inseguridad a las empresas y el Índice de Estado de Derecho en México de World Justice Projec. En respuesta, el funcionario estatal dijo que no descalifica esos resultados, pero pidió reconocer que hay una disminución en la incidencia delictiva; pero negó que se deba a la cifra negra de delitos no denunciados.
CT