Registran sobrepoblación la Comisaría Preventiva y Reclusorio Metropolitano

De los 12 centros penitenciarios que operan en Jalisco, tres presentan sobrepoblación, según la estadística penitenciaria nacional (con corte a febrero pasado). La Comisaría de Prisión Preventiva cuenta con un total de cuatro mil 515 espacios, pero alberga a un total de seis mil 268 reos. El Reclusorio Metropolitano tiene una capacidad para 716 personas, y actualmente cuenta con 875. Mientras que la Comisaría de Reinserción Femenil tiene 49 internas de más (su capacidad es para 444). 

Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco, declara que una de las alternativas para despresurizar las cárceles del Estado es que se reactiven las unidades responsables de diseñar medidas alternas a la prisión. Agrega que lejos de privilegiar soluciones para que las personas no se encuentren recluidas, “que es la naturaleza de la reforma constitucional del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que se ha hecho es privilegiar tener gente detenida para decir: ‘aquí sí hay justicia’”. 

García declara que la Federación no ha querido participar en algún convenio para facilitar los espacios al Estado, a pesar de que el inmueble donde operaba el penal federal (cerrado en 2020) se ubica en el núcleo penitenciario de Puente Grande. 

Otro punto en contra es que la operación de ese centro representaría un gasto adicional para el Gobierno estatal. “Tendrían que destinarse mayor presupuesto que no tiene el Estado para tener un mayor número de custodios”. 

La semana pasada, un grupo de organizaciones civiles, incluida la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) Jalisco, emitieron un pronunciamiento sobre casos de abuso ocurrido en la Comisaría de Sentenciados. 

En el documento se solicita a las autoridades estatales que reconozcan y atiendan el autogobierno, el hacinamiento y sobrepoblación que se registra en los centros penitenciarios de la Entidad, problemas que han sido identificados por los organismos públicos de protección de derechos humanos. 

Se puntualiza que desde 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado y señalado la existencia del autogobierno en dicho centro penitenciario. También ha documentado la falta de personal de seguridad y custodia, mismas que han propiciado la comisión de violaciones a derechos humanos en contra de internos.

TELÓN DE FONDO

Sin obras, amplían capacidad 

Entre los años de 2006 y 2019, en Jalisco han escaseado las obras para la construcción o ampliación de dormitorios de los centros penitenciarios, pero la autoridad ha reportado un incremento en la capacidad carcelaria.  

En ese periodo se destinaron 648 millones de pesos para obras de los centros penitenciarios ubicados en el complejo penitenciario de Puente Grande (Comisaría de Prisión Preventiva, Comisaría de Sentenciados, Reclusorio Metropolitano y la Comisaría de Reinserción Femenil). La mayoría de los recursos fueron para el Reclusorio Metropolitano. Ninguna de las obras corresponde a construcción o ampliación de dormitorios de los reclusorios Preventivo y de Sentenciados. Pese a esto, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado respondió por Transparencia sobre un aumento en la capacidad de ambos, ocurrido entre los años de 2019 y 2020. El primero pasó de dos mil 992 espacios a cuatro mil 515; el segundo, de dos mil 118 a cuatro mil 371.

Con la Ley de Amnistía, liberan a 167 presos

A dos años de la publicación de la Ley de Amnistía, que permite liberar a presos del fuero federal que no hayan cometido delitos graves, sólo 167 personas han recibido este beneficio, según reportó la Secretaría de Gobernación (Segob) a principios de este mes. 

Lo anterior, tras celebrarse la sexta sesión de la Comisión de Amnistía en la que se aprobó beneficiar a otras 64 personas privadas de su libertad. 

Alejandro Encinas, subsecretario de la Segob, considera que el saldo es favorable. 

Tras un análisis realizado por la organización EQUIS Justicia para las Mujeres, se advierte que hay fallas en el trámite para brindar el beneficio. También señalan la necesidad de contar con más información sobre la actuación de la Comisión. 

Recuerda que en marzo pasado fueron modificados los “Lineamientos para la atención de solicitudes de amnistía”. “La Segob señala que esto favorece un trámite más ágil y beneficia a más personas. Sin embargo, algunos aspectos son preocupantes”. 

La organización puntualiza que resolver una solicitud toma hasta seis meses; se desconoce el procedimiento de trámite ante el juez federal y los plazos para que confirme o niegue la amnistía; las solicitudes por escrito sólo pueden presentarse en la Ciudad de México o por correo electrónico; no se fortalece la transparencia, y a las personas solicitantes se les requieren pruebas y documentación adicionales a los enunciados en la ley.

Para que se mejore el proceso, realizan algunas recomendaciones: definir los criterios para valorar la información y documentos de prueba aportados; garantizar el acceso a la información y el debido proceso para que las personas interesadas conozcan el estado de su trámite; aplicar la perspectiva de género y el análisis de contexto al revisar una solicitud, entre otros. 

A la fecha, los Congresos locales de nueve Entidades han aprobado la Ley de Amnistía, 13 más están en proceso. Hay otras 10 que no han iniciado la revisión del tema.

RECOMENDACIONES

A mejorar los procesos penales

• Reconocer la autoadscripción para acreditar el origen étnico de las personas  interesadas.
• Transitar al paradigma social para demostrar la condición de discapacidad de las personas solicitantes.
• Definir los criterios para valorar la información y documentos de prueba aportados.
• Garantizar el acceso a la información y el debido proceso para que las personas interesadas conozcan el estado de su trámite.
• Impulsar proactivamente el acceso a la información pública.

CLAVES

Falta de vigilantes propicia autogobierno

Custodios. En los últimos días, asociaciones civiles han solicitado al Gobierno estatal que atienda los problemas de autogobierno que se presentan en las cárceles locales, lo cual se complica ante el bajo número de custodios.

Vigilancia. No se cuenta con los custodios suficientes y por eso se habla tanto de autogobierno, porque no se tiene la capacidad por parte de las autoridades para dar con la vigilancia y cuidado de los internos.

Temor. Muchas personas no están interesadas en ocupar estas plazas por la infiltración del crimen organizado. “Hemos visto a todos los custodios que han fallecido, incluso directores del penal federal que los han asesinado y no ha habido respuesta. Por eso no quieren”.

Déficit. En diciembre pasado, el director general de Reinserción y Prevención Social, Antonio Pérez Juárez, reconoció que hacen faltan entre mil 500 y dos mil policías custodios en el sistema.

Normatividad. La Cruz Roja establece que por cada 10 internos de baja peligrosidad deberíamos tener un custodio y por cada cinco internos de mediana peligrosidad, también un custodio, y por cada interno de alta peligrosidad un custodio.

LA VOZ DEL EXPERTO

Privilegian prisión justificada

Anuar García, presidente de México SOS Capítulo Jalisco

Desde hace alrededor de dos años, las Fiscalías de los Estados han privilegiado el solicitar una prisión justificada para que los presuntos responsables de cometer algún delito se queden presos, destaca Anuar García. 

Explica que una persona puede estar detenida sólo 72 horas, con una ampliación de hasta 144 horas para defenderse del delito que le están imputando, pero los requisitos para que le dicten un auto de vinculación a proceso, son mínimos, “con puras presunciones hace más que suficiente para que la dejen dentro de prisión y por eso están llenas las cárceles de personas vinculadas a proceso”. 

Por política criminal, dice, las autoridades deciden enviarlos a prisión, “olvidando el principio de presunción de inocencia”. 

García añade que casi no hay personas sentenciadas porque, con motivo de la pandemia por COVID-19, los juzgados tardan cuatro a cinco meses en fijar audiencia. “Cerraron muchos meses y atendían por cita. Rara vez se presentaban las partes por el tema de COVID-19. Se fueron alargando los procesos, pero muchas personas se les ha olvidado que lo máximo que pueden estar en prisión preventiva, son dos años”. 

Añade que la mayor parte de las personas que se encuentran privadas de la libertad no tienen un abogado privado. “Es un abogado de oficio y por eso nadie les promueve el que quieran salir de esa prisión justificada porque no les han dictado sentencia”. 

Por eso las autoridades hacen parecer que hay mayor justicia, “pero la mayoría de las personas que están en prisión, son inocentes”. 

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