Así responde el gobierno de Vallarta al caso del restaurante demandado por extranjeros
El dueño del establecimiento en Puerto Vallarta acusó a una pareja de extranjeros de denunciarlo por el ruido que se genera en su restaurante
Desde hace varios días se conoció el caso del propietario de un restaurante de Puerto Vallarta que fue denunciado por una pareja de extranjeros porque la música que ocasiona el establecimiento afecta “su calidad de vida”, pero no se conocía la posición del gobierno municipal al respecto, hasta ahora.
Luego de que el restaurante Gaby's fuera acusado por una pareja de estadounidenses vecinos de afectarlos por el ruido que se genera en torno a él a través de un recurso legal, finalmente el alcalde interino de Puerto Vallarta se pronunció al respecto.
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De acuerdo al diario Tribuna de la Bahía, un medio local de Puerto Vallarta, Francisco José Martínez Gil, dijo que el restaurante del chef Julio Castillón debe cumplir con la Ley Antirruido del municipio, de forma que bajo esta obediencia se disminuya el conflicto.
El caso se hizo viral las redes sociales, pues el propietario del lugar afirmó que la pareja de extranjeros buscaba privarlo de sus derechos y que fueron ellos quienes decidieron comprar un inmueble donde su comercio ya estaba establecido desde 1989, en el contexto al polémico caso de Mazatlán donde un grupo de hoteleros pidieron prohibir la música de banda en las playas porque molestaba a sus huéspedes.
El alcalde vallartense dijo que se mantendrá atento a la situación, con el apoyo del equipo jurídico del municipio, para tomar decisiones apegadas a derecho.
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El restaurante Gaby's fue apoyado por habitantes de Puerto Vallarta y por otros extranjeros que con su firma manifestaron su solidaridad con el lugar, incluso, señalaron a los quejosos. En días pasados hubo una manifestación en la vía pública donde, con música de mariachi y baile, se puso de manifiesto el apoyo al comercio de comida mexicana.
Para muchos, este tipo de casos se trata de ejemplos de la gentrificación, este fenómeno que tiene un impacto negativo por articular el desarrollo y crecimiento económico de un territorio determinado a la actividad turística, ya que esto significa someter bienes, recursos y fuerza de trabajo local a dicha actividad, subordinando los intereses y necesidades de empresarios y gobiernos a la misma.
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