Prueba de fuego

El Poder Judicial es un cochinero en Jalisco. La crisis que originó la destitución de Luis Carlos Vega Pámanes -luego de que se supiera que utilizó su cargo para pedir la liberación de presuntos criminales y que llegó al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) a pesar de tener antecedentes penales- no abrió una nueva época en la cúpula del Poder Judicial. Ricardo Suro, honesto y voluntarioso, no pudo con las resistencias internas y externas. Es innegable que hubo avances, pero el fondo se mantiene inalterado: en Jalisco, no todos somos iguales ante la ley. La cooptación del Poder Judicial ocasiona que la justicia sea para quien la puede pagar -o para quien tiene el poder-.

A horas de que los magistrados elijan a quien debe reemplazar a Suro al frente del Poder Judicial, se escucha con fuerza el nombre de Daniel Espinosa Licón. Fue elegido en 2017 con el apoyo de Movimiento Ciudadano (MC), y un amplio consenso en el Congreso. No dudo de su integridad, pero llega con un elemento en contra: es el delfín del gobernador Enrique Alfaro. Al igual que Vega Pámanes llegó de la mano del PRI (y en específico de Leonel Sandoval, padre del ex gobernador Aristóteles, y Javier Guízar), y Suro en  un acuerdo entre el PRI que salía y MC que llegaba, hoy Espinosa Licón carga con la falta de autonomía política. No digo que este “pecado original” tire a la basura su nombramiento, pero sí lo condiciona.

En paralelo a la decisión que tomen los magistrados y sus jefes políticos -MC, PAN, PRI y UdeG-, el Congreso deberá elegir a nueve magistrados y a un consejero de la Judicatura. Es decir, en los próximos dos días, se dibuja el futuro del Poder Judicial en Jalisco. Un paso en falso y estaremos condenados a la perpetuación del control político de los tribunales. La historia de los jueces y magistrados en Jalisco es la historia de la sujeción partidista; es la historia de que las decisiones las toman los políticos y no los jueces; es la historia de la venta de magistraturas; es la historia de un poder que lastra la competitividad de Jalisco. Un chapuzón en los estudios sobre la competitividad estatal demuestra que Jalisco está bien calificado en su capacidad emprendedora, su ciudadanía abierta, sus sectores globalizados, pero hasta el fondo en la certidumbre jurídica. Jalisco no puede ser un Estado democrático y con altas tasas de crecimiento económico si antes no se garantiza un mínimo de piso parejo y certidumbre jurídica.

Las y los diputados de esta Legislatura nos han demostrado que cuando se trata de saltarse sus propias reglas, se pintan solos. El antecedente de la elección de los tres consejeros de la Judicatura es desastroso. Califiqué aquél proceso de designación como “fraude”. A la vista, creo que me quedé corto. Nos vieron la cara de mensos a los medios, a las universidades, al sistema anticorrupción y a la sociedad en general. Ahora, el desafío es aún mayor. Y la convocatoria, así como los exámenes de conocimiento y la valoración de trayectoria, hasta el momento han sido los adecuados. Sin embargo, no dudemos que exista la tentación de alterar las quintetas si alguno de los favoritos de los partidos políticos o los grupos fácticos no queda bien rankeados.

Podemos darle muchas vueltas. No obstante, las decisiones están en la cancha de unos pocos con nombre y apellido. Enrique Alfaro, Raúl Padilla, Aristóteles Sandoval, Octavio Esqueda. Ellos son los principales jefes políticos del Poder Judicial. Y no seamos ilusos, las cuotas políticas existen aquí, en Japón o en Suecia. La democracia representativa empuja la conformación de mayorías y lo natural es que los partidos políticos negocien y acuerden para nombrar a aquellos o aquellas que ocuparán las sillas vacías en el Supremo Tribunal de Justicia. Lo único que reclamo, y considero que es sensato y justo, es que respeten las reglas que ellos mismos pusieron. Si acordaron un método de selección basado en quintetas que se configuren por los aspirantes mejor calificados, los diputados están obligados a ceñirse a la ley. Nada de tranzas a última hora.

En el mismo sentido, el gobernador se juega mucho en la designación de quien será el próximo cabeza del Poder Judicial. Alfaro prometió sacudir el Poder Judicial, así lo dijo en campaña. Cuando estalló el caso Vega Pámanes, el hoy jefe del Ejecutivo declaró que una tragedia así y un escándalo así no podía volver a suceder en Jalisco. En el caso de Espinosa Licón, hay de dos sopas. O el magistrado presidente sirve como la correa de transmisión del gobernador y, por ende, como el garante del control político de los jueces. Es decir, más o menos lo que hemos visto hasta hoy. O la cercanía política supone un aliciente para emprender duras reformas al Poder Judicial con el aval del gobernador. Una prueba de fuego para Alfaro en la que se juega la credibilidad del cambio que prometió a los jaliscienses.

JL

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