Por acumulación de cuerpos, advierten de nuevo colapso en Ciencias Forenses

El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, afirmó que, debido a la acumulación de cadáveres en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), podría presentarse una nueva crisis como la que se destapó en septiembre del año pasado, cuando se descubrió que la dependencia optó por depositar los cuerpos en las cajas frigoríficas de tráileres que deambularon por la metrópoli.

“Estamos anticipando otra crisis similar si no se actúa de inmediato. Las cifras que han dado a conocer los funcionarios hablan de más de 400 (cuerpos)”, advirtió el funcionario al presentar la recomendación 10/2019 por el caso de las unidades cargadas con los restos.

Si bien el 20 de septiembre de 2018 el entonces gobernador, Aristóteles Sandoval, anunció la construcción de una nueva cámara refrigerante para almacenar 300 cadáveres, actualmente los que están en resguardo del IJCF ya superaron la capacidad de este espacio. En lo que va de la actual administración sólo se han podido inhumar 17 cuerpos.

Éstos sólo son enviados al cementerio si lo avala la Comisión de Inhumación (de la que forma parte la CEDHJ), cuya función es confirman que se cuenta con todos los elementos necesarios para identificar ADN, huellas dactilares y fotografías, entre otros.

Al respecto, Hernández Barrón apuntó que aún faltan recursos, personal y coordinación para completar los dictámenes y proceder a las sepulturas.

“Las cifras de fallecidos sin identificar o no reclamados tienen un nivel de incertidumbre; no se ha podido identificar a todas. Siguen encontrándose fosas clandestinas. Los resultados de las investigaciones siguen inconclusos, pero no se han modificado, hasta el momento, prácticas de lo que podría ocasionar una nueva contingencia”, remató.

La Fiscalía indicó que recibió la recomendación y evalúa el documento para dar respuesta.  Este medio buscó al IJCF (en cuya explanada fue presentada la recomendación) para escuchar su versión, pero hasta anoche no se obtuvo respuesta.

Reportaron 161 cuerpos menos tras la crisis por tráileres del IJCF

Tras el escándalo que provocaron, en septiembre de 2018, los tráileres cargados con cadáveres sin identificar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) inició una investigación en la que descubrió que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) mantuvo en los contenedores y en sus instalaciones 605 cuerpos y no 444, como lo reportó la anterior administración estatal.

El titular del organismo, Alfonso Hernández Barrón, presentó ayer un informe en el que destacó las irregularidades encontradas en el IJCF.

Las conclusiones preliminares de la evaluación permitieron confirmar que hubo falta de diligencia en las pesquisas que ordenó el Ministerio Público e irregularidades en la integración de los expedientes básicos de identificación forense.

Si bien el Gobierno de Aristóteles Sandoval indicó que de los 444 cadáveres, 380 fueron inhumados en el Panteón Guadalajara y 64 entregados a sus familiares, Hernández Barrón agregó que tras las labores de la CEDHJ hallaron 109 cuerpos más que fueron enterrados en un cementerio de El Salto y 52 nonatos y neonatos que nadie reconoció y que actualmente descansan en un camposanto de Zapopan.

Por otra parte, el ombudsman destacó que algunos cadáveres estuvieron en manos del IJCF casi cuatro años antes de que la dependencia decidiera enviarlos a las cajas refrigerantes.

“Se practicó la inhumación hasta tres años y nueve meses después, tiempo que permanecieron sin que se hicieran los procesos periciales; se realizaron una vez que se presentó la contingencia”.

El funcionario acentuó que, a pesar de que desde el hallazgo de los fallecidos se encontraron documentos de identificación, no se hicieron las investigaciones para localizar a algún pariente.

“Los familiares de las personas no identificadas y no reclamadas sufrieron una victimización secundaria, pues muchos de los cuerpos de quienes buscaban sí se hallaban en las instalaciones del IJCF y no se les informó de su hallazgo”.

Habrá 85 sin identificar

De los 605 cadáveres bajo resguardo del IJCF en septiembre de 2018, 85 no podrán ser identificados. Entre ellos hay 37 nonatos o neonatos de quienes no hay datos. “No tuvieron condiciones adecuadas de almacenamiento, lo cual provocó que se borrara cualquier dato que pudiera relacionarlas con la averiguación previa”, explicó el ombudsman.

GUÍA

Irregularidades encontradas 

En el Ministerio Público:

• En algunos casos no se solicitó el dictamen pericial de ADN por no vulnerar al erario, ya que cada uno costaba 10 mil pesos.
• No se agotaron las investigaciones tras denuncias por desaparición, bases de datos de reconocimiento dactilar, ni la información en las identificaciones halladas en los cuerpos.
• La instrucción a los primeros respondientes fue llenar registros y solicitar dictámenes sin especificar los actos de investigación que debían realizar.
• Homicidios Intencionales no confrontó información de rasgos físicos visibles de personas encontradas (ropa, tatuajes, etcétera).
• Al menos en siete carpetas de investigación no hubo registros del Informe Policial Homologado ni actuaciones por parte del agente del Ministerio Público.
• En los casos donde se obtuvieron datos de personas sin identificar en otros estados, no se enviaron los exhortos a las entidades para agotar las investigaciones.

En el IJCF:

• Los dictámenes fueron documentados entre cuatro meses y tres años ocho meses después de haberse realizado.
• Por la demora en la práctica de algunos dictámenes o estudios, no se pudieron tomar huellas dactilares de personas debido al avanzado estado de descomposición que presentaban.
• Se documentaron dilaciones en la práctica de las necropsias.
• No se localizó un oficio donde se informara que en el Instituto no se contaba con el espacio suficiente para preservar y resguardar los cuerpos.
• Las personas fallecidas se hallaron en mala calidad de conservación, lo que favoreció su descomposición.
• Muchos dictámenes de ADN se practicaron con dilación y se documentaron hasta que ocurrió la contingencia.
• No se contó con mecanismos adecuados para difundir los datos de personas fallecidas y que no fueron reclamadas.

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