La CEDHJ emite medidas cautelares ante el feminicidio de Liliana y Alondra en Poncitlán
Emiten recursos a dependencias públicas para el tratamiento del caso con perspectiva de género, así como un énfasis en el bienestar de los menores que quedaron en orfandad
Tras el asesinato de Liliana y Alondra al interior de una de las oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió una acta de investigación mediante la cual emitió cuatro medidas cautelares a dependencias públicas para el tratamiento del caso con perspectiva de género, así como un énfasis en el bienestar de los menores que quedaron en orfandad.
En rueda de prensa, la titular de la Comisión, Luz del Carmen Godínez González, informó que la primera medidas cautelar fue emitida a la Fiscalía General del Estado para que se investigue el caso con perspectiva de género y el asesinato de madre e hija sea clasificado como feminicidio.
Además, se exhortó a la revisión de las medidas de seguridad en las oficinas regionales del órgano investigador, pues reconoció que este no es el primer hecho de esta clase que ocurre al interior de los Ministerios Públicos descentralizados.
La segunda medida cautelar se emitió a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres del Gobierno de Jalisco para que se otorguen los beneficios del programa de apoyo económico para las hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidios.
La tercera dependencia involucrada es la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a la cual se le solicitó que los menores de siete y un año cuatro meses, hijos de Alondra, queden bajo el resguardo y custodia de ascendientes o parientes maternos con quien se estén ligados en manera afectiva.
Por último, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que se proporcione ayuda inmediata atención, protección y reparación integral del año a las víctimas indirectas del delito y de violaciones a los derechos humanos.
La quinta visitadora general de la CEDHJ, Mariana Marquéz Laureano, explicó que todas las dependencias involucradas en la atención a dichas medidas cautelares fueron notificadas el día de ayer, lo que tienen un plazo no mayor a 48 para dar aviso del recibimiento de las mismas.
Resaltó que debido a la naturaleza de los hechos, la carpeta de investigación interna de la Comisión se elevó a una queja de oficio.
El pasado 31 de enero, Alondra Franco, de 21 años, acudió junto con su madre Liliana Tinoco, de 46 años, a las oficinas del Ministerio Público en el municipio de Poncitlán para levantar una denuncia por violencia familiar en contra de su esposo, Christopher “N”, quien al enterarse del hecho, se apersonó en la dependencia pública y disparó en contra de ambas mujeres al interior de las oficinas del Ministerio Público.
En el lugar murió Liliana, mientras que Alondra falleció horas más tarde en un centro médico. Tras el hecho, Christopher se dio a la fuga para ser detenido al día siguiente en el estado de Nayarit; el ahora imputado se encuentra en prisión preventiva en espera del inicio de las audiencias en su contra.
JM