Politizan por desalojo en parque Huentitán
El alcalde tapatío afirma que élites buscan beneficios propios con el conflicto y el rector de la UdeG critica el retiro de los estudiantes
El desalojo de 16 jóvenes que acampaban desde hace cinco meses en el parque Huentitán, en contra de las obras del proyecto inmobiliario que ahí se construye, es un conflicto que deviene en intereses políticos de élites que buscan obtener beneficios propios, acusó el presidente municipal interino de Guadalajara, Eduardo Martínez Lomelí.
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta, señaló que policías vestidos de civiles entraron al predio referido y, sin mostrar una orden judicial, los amedrentaron, encañonaron, rompieron sus casas de campaña y los sacaron violentamente del lugar.
“En un Estado donde las desapariciones se cuentan por miles, policías entraron al parque armados de la forma más asquerosa posible, privando de su libertad a estudiantes que no han hecho más que defender lo que le pertenece a la ciudad”.
El líder estudiantil atribuyó el operativo a las acciones que ha realizado la UdeG por el recorte de 140 millones de pesos que eran para el Museo de Ciencias Ambientales y que se redireccionarán a los trabajos del Hospital Civil Oriente.
El rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, respaldó al presidente de la FEU y criticó el actuar del Gobierno.
“En este Estado confunden autoridad con virilidad (y) se usa a la Policía para violentar ciudadanos que luchan por sus derechos en lugar de combatir al crimen”, dijo.
El fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, aseguró que la diligencia se llevó a cabo “bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos”. El funcionario aseguró que no se hizo uso de la fuerza y tampoco hubo detenciones en el lugar.
Explicó que existen dos denuncias para exigir la liberación del predio: una de ellas por la empresa Hoteles Rivera Deluxe S.A. de C.V. y otra por el Ayuntamiento de Guadalajara, lo cual derivó en la decisión del juez de considerar el desalojo, y ordenar al Ministerio Público restituir el predio.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió medidas cautelares a las autoridades involucradas en el conflicto y abrió el acta de investigación 380/2021/II.
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