Piden denuncia penal contra investigadores tras comprobarse asesinato de Liliana
Mara Muñoz, asesora jurídica de la familia de Liliana, señala que los testigos que por su voluntad participaron en el caso, les han amenazado con retractarse de sus testimonios
Liliana Carrillo tenía 20 años. Vivía en Rancho el Bajío, Cuexcomatitlán, Jalisco. Murió asesinada por su pareja Gelacio “N”, pero su muerte fue archivada como suicidio debido a negligencias en la investigación.
Ante esto, el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas AC y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) solicitan a la Fiscalía que se inicie una denuncia penal contra las tres personas que estuvieron a cargo de la investigación.
Se trata de José Fernando, médico que rindió un peritaje donde acreditaba el suicidio de la joven; Ulises Adrián, perito en criminalista que no realizó la toma de muestras ni tomó fotografías a detalles en el lugar de los hechos; y Oscar, integrante del Ministerio Público que se vio implicado en la investigación.
Tanto el Comité como los Observatorios buscan que los implicados sean sancionados de manera penal, pues “al realizar el proceso de investigación de manera negligente, se convierten en cómplices del caso” relata Laura Plascencia, integrante de CLADEM.
Al respecto Mara Muñoz, asesora jurídica de la familia e integrante del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas comentó que “la Fiscalía de manera oficiosa debería iniciar una investigación de los profesionistas que trabajaron en el caso”.
Las denunciantes agregaron que derivada de una denuncia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, la Fiscalía conoció la negligencia de la investigación desde el pasado 20 de abril.
De momento, sólo la Fiscalía Anticorrupción abrió una carpeta de investigación, pero rechaza informar quiénes son los profesionistas que están siendo investigados por el caso. Plascencia explicó que con esta denuncia no es suficiente, pues “no se tienen consecuencias penales”.
Respecto a la investigación en curso, Muñoz acusó se realiza sin perspectiva hacia las comunidades indígenas, pues “solo se ha enfatizado en cuestionar a los testigos en la zona, cuando deberían tomar como indicios lo dicho por los implicados en la investigación y la carpeta de investigación”.
También detalló que “tras las indagatorias en la zona, algunos de los testigos temen represalias y han amenazado con retractarse de sus testimonios que realizaron con voluntad propia sobre el caso”.
Sobre las irregularidades
El Comité y los Observatorios mencionaron algunas de las irregularidades durante la investigación del caso de Liliana.
- Al ser una muerte agresiva, el cuerpo de Liliana debió ser trabajado bajo el protocolo de feminicidio de la Fiscalía de la entidad, pero no fue así.
- La mascada con la que supuestamente se ahorcó y su ropa no fueron sometidas a pruebas. En su lugar fueron entregadas a la familia, sin advertir la importancia de conservarlas. La familia quemó las prendas como lo señala su costumbre.
- No se realizó el estudio de uñas y vagina para tomar muestras de un posible agresor.
- El lugar de los hechos no fue resguardado para la toma de muestras, ni se adjuntaron fotografías del lugar de los hechos.
- No realizaron una necropsia al cuerpo de Liliana, pero integraron fotos a la carpeta de investigación de un cuerpo al que sí se le realizó.
- Ninguna de las fotos del caso era a detalle para ver las lesiones de la víctima.
- No hubo traductores para que los testigos y familiares pudieran responder durante la entrevista.
¿Cómo fue que el caso de Liliana se reabrió?
Tras los golpes y amenazas de muerte que Liliana recibía de manera constante por parte de su pareja, la familia se cuestionó que Liliana se suicidara y dejara a su bebé de tres años. La familia intentó acceder a la carpeta de investigación, pero la Fiscalía les negó acceder a ella, por lo que solicitaron una ayuda jurídica.
Producto de una presión mediática del caso, el 31 de marzo la asesora jurídica revisó la carpeta durante una reunión con el Fiscal Regional y la Directora de de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género. En el sitio se solicitó que el caso fuera tomado por la Dirección General que Investiga Delitos Contra las Mujeres para ser investigado.
Entre el 16 y 20 de abril se realizaron las investigaciones. El cuerpo de Liliana fue exhumado y se pudo evidenciar la presencia de “hongo espumoso”, señal del estrangulamiento del cuerpo. Durante esas fechas, su hija de tres años presentó su testimonio sobre la muerte de su madre.
¿Qué pasó tras la segunda investigación?
La segunda investigación determinó que Liliana fue estrangulada con un objeto por otra persona. Derivado de esto, la menor de edad permanece con la familia de Liliana y Gelacio “N” se encuentra en prisión preventiva desde el 1 de abril de 2020.
Previo a su muerte
El 2 de marzo Liliana, su pareja Gelacio y su pequeña hija fueron a casa de la madre de Liliana. En el sitio él la agredió y minutos más tarde se fueron a su casa. La pequeña permaneció en casa de la abuela.
Por la noche, Gelacio acudió a recoger a la menor, argumentando que Liliana no había ido porque tenía flojera. El pretexto llamó la atención de la familia, pues Liliana siempre cuidaba de la menor.
El 3 de marzo, Gelacio llamó a la madre de Liliana y le comentó que ella se había suicidado.
Hay más Lilianas
Según datos de CLADEM, en Jalisco existen por lo menos otros dos casos como el de Liliana. Mujeres jóvenes que vivían en alguna comunidad indígena del Estado y que su caso fue cerrado bajo el concepto de suicidio y el único testigo del hecho es su pareja.
En mayo de este año, justo a una hora del Rancho el Bajío, una joven mujer ingirió raticida. Ella tenía un bebé de 11 meses y el único testigo del suicido fue el esposo. El otro caso, sólo se refirió que pertenecía a una comunidad indígena y se suicidó tras parir.
NR