Pese a prórroga, rechazan cierre de Laureles
Lideresa de los pepenadores dice que la opción de Picachos, para llevar mil 500 toneladas diarias de basura de tapatíos, no es la mejor
Los pepenadores rechazan el cierre del relleno sanitario de Los Laureles, ubicado en Tonalá, a pesar de la prórroga de un mes que el Gobierno del Estado anunció el viernes pasado, cuando ellos y empleados de Caabsa se manifestaron por la clausura definitiva.
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Ante las reuniones, proyectadas esta semana, con los presidentes municipales para encontrar soluciones para las personas que en este espacio buscan plástico, metales o ropa para vender y ganar su sustento diario, la lideresa del Sindicato de Pepenadores del Estado de Jalisco, Araceli Batres, afirmó que el objetivo de este gremio es continuar con el vertedero al que llegan residuos de los pobladores de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, y cuyo cierre estaba previsto para el 1 de octubre de este año.
“La petición de nosotros es que Los Laureles siga operando. No hay ningún lugar óptimo (en la zona metropolitana) donde podamos ir tantas familias”, dijo.
Batres agregó que la opción de Picachos propuesta por el alcalde Pablo Lemus para llevar, durante un año, las mil 500 toneladas de basura que generan al día los tapatíos, no es la mejor para su grupo.
“La empresa (Caabsa) tiene más de 30 hectáreas todavía (en Los Laureles) para disponer de la basura, más bien hay que exigirle que cumpla con los requisitos para los permisos que ellos necesitan, porque terreno sí tienen”, comentó.
El viernes, los pepenadores y empleados de Caabsa protestaron durante horas en Tonalá y en el Centro de Guadalajara por el cierre de Los Laureles. A ese punto de la ciudad llegan entre dos mil 750 y tres mil toneladas diarias de residuos.
El Plan de Cierre, Rehabilitación y Abandono del vertedero, presentado en marzo de 2020, indica que la normatividad y la legislación federal no contemplan la actividad de los pepenadores en el relleno; sin embargo, destaca que a lo largo del tiempo no ha sido posible trasladarlos hacia otras labores.
En el documento se define su trabajo como “una actividad laboral informal, precaria, que actualmente se ejerce al margen de la normatividad aplicable a la gestión integral de residuos, sin garantías ni protecciones de ningún tipo”.
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