Nueva Legislatura pone como prioridad reestructuración de Gobierno de Alfaro
Salvador Caro hizo un llamado para facilitar los propósitos de Enrique Alfaro, que busca ordenar las secretarías en cuatro coordinaciones y reformar la Fiscalía
En la sesión solemne de instalación de la 62 Legislatura estatal, Salvador Caro, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) y uno de los representantes de las siete bancadas que presentaron su declaración de intenciones, convocó a las fuerzas políticas a un pacto para trabajar sin anteponer colores partidistas y marcó como prioridad atender la reestructuración del Poder Ejecutivo, impulsada por el gobernador electo, Enrique Alfaro.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y MC dieron a conocer las iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Gobierno estatal y la reforma a la Fiscalía. En la primera se busca crear las cuatro coordinaciones anunciadas por el próximo mandatario. Las modificaciones a la Fiscalía tienen como punto fundamental separar las tareas de procuración de justicia, las de seguridad pública y del sistema penitenciario. Los legisladores deben instalar comisiones para iniciar con el análisis.
El edificio del Legislativo lució blindado por un operativo que incluyó colocación de vallas, cierre de calles y despliegue de policías. Personal de seguridad señaló que se aplicó ante la advertencia de cuatro manifestaciones, pero sólo se registraron dos con menos de 100 personas.
Diputados heredan auditoría con 17.4 MDP por aclarar
Los diputados integrantes de pasada LXI Legislatura dejaron pendientes de aclarar 17.4 millones de pesos (MDP) que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) fincó como cargos en la revisión que hizo al gasto ejercido en 2016 en el Poder Legislativo.
Las principales observaciones corresponden al pago de indemnizaciones, salarios caídos y liquidaciones a empleados. Por estos conceptos la ASEJ señaló un monto de 15 millones. La Auditoría advirtió que no se presentaron los soportes documentales que aclaren y justifiquen la procedencia de los pagos por los montos erogados.
El exdiputado Hugo René Ruíz Esparza, presidente de la Comisión de Vigilancia, recordó que el dictamen con los señalamientos fue devuelto a la ASEJ para una segunda revisión. El priista insistió en que los diputados no tienen responsabilidad en las presuntas irregularidades y refirió que les corresponde a los titulares de las áreas administrativas justificar los cargos.
“Deben aclarar las áreas administrativas del Congreso, desde la Secretaría General hasta los directores. Ellos son los que ejercen el recurso; los diputados no lo ejercen. Ellos son los responsables de cumplir la normatividad. Sobre el pago de finiquitos de laudos creo que sí se justificaban, pero cuando llegó el momento de la auditoría no presentaron los documentos para justificar los pagos; posteriormente se presentaron las copias certificadas de los procesos laborales”, explicó.
Otras de las observaciones es el gasto de 1.7 millones por la instalación de elevadores sin contar con evidencias sobre la prestación del servicio.