No existe algún impedimento jurídico para ampliar el Aeropuerto de Guadalajara: GAP
Insisten en que el Gobiero federal ya liquidó en su totalidad cualquier adeudo derivado del proceso de expropiación de los terrenos de la terminal aérea
Las obras de ampliación del Aeropuerto de Guadalajara no requiere de los terrenos del Ejido El Zapote, y no “existe ningún impedimento para la implementación del proyecto”, subrayó Miguel Alejandro Solís Rosales, vocero del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
Con relación al litigio que mantiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con este ejido, el abogado insistió en que el Gobierno federal ya liquidó en su totalidad cualquier adeudo derivado del proceso de expropiación de los terrenos donde actualmente se ubica la terminal aérea.
“De acuerdo con una sentencia firme e irrevocable emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, las 306 hectáreas son propiedad de la Nación”, puntualizó en una conferencia de prensa.
Por ello insistió en que la segunda pista del Aeropuerto de Guadalajara está considerada dentro de esa poligonal vigente. “De acuerdo con la sentencia del Tribunal Colegiado, ya no es posible restituir al ejido quejoso en la propiedad y posesión de la superficie expropiada por la existencia del aeropuerto”.
Solís Rosales precisó que el único expediente que se mantiene en litigio es un incidente por concepto de daños y perjuicios, que no tienen relación con el decreto de expropiación. “Es importante que los ejidatarios de El Zapote reactiven ante el Poder Judicial de la Federación, el proceso de un eventual pago de daños y perjuicios para que, si fuera el caso y mediante la resolución de un juez, se fije un monto”.
Eso, dijo, permitiría sustentar jurídicamente cualquier pago pendiente por ese concepto a cargo de las autoridades federales.
El vocero del GAP agregó que el proyecto de ampliación de la terminal aérea, para la cual se contempla una inversión superior a los 12 mil millones de pesos, podría enfrentar un “sabotaje jurídico” como el que afectó en su momento la ampliación del Aeropuerto Felipe Ángeles que se construye en la Base Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.
“Hemos monitoreado la página del Poder Judicial y nos hemos percatado que el Ejido ha presentado al menos 14 amparos buscando la suspensión de las obras. Si eso no es un sabotaje, no sé qué sea. Confiamos muchísimo en la labor del Poder Judicial de la Federación, que resuelva conforme a derecho y, sobre todo, bajo el precedente que pasó en Santa Lucía en donde fueron negadas las suspensiones de plano concedidas en un inicio, dado que se trata, los aeropuertos, de áreas estratégicas de desarrollo económico”.
Durante el tiempo en que se han llevado los litigios entre la SCT y los ejidatarios, señaló, se han dicho “muchas mentiras” que se han establecido como una estrategia de “manipulación y chantaje para obtener beneficios económicos, pasando por encima de las leyes”.
GC