Municipios y dependencias de Jalisco incumplen en combate a la corrupción

A pesar de que es una obligación establecida en la ley del Sistema Anticorrupción del Estado desde 2017, solo la mitad de los municipios de Jalisco y apenas40 de casi 200 dependencias y organismos estatales cuentan con su Órgano Interno de Control (OIC), que es la instancia encargada de combatir la corrupción dentro de estos.

Por ejemplo, estos órganos revisan la evolución patrimonial de los servidores públicos, incluyendo la presentación de las declaraciones 3de3; realizan auditorías internas del destino de recursos; supervisan las adquisiciones y contrataciones públicas, así como el cumplimiento en materia de transparencia de la información pública, entre otras.

En un momento donde la mirada está fija a nivel nacional en la lucha contra las corruptelas, entre las dependencias que incumplen con esta instancia están: la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

La Contraloría estatal es la encargada de impulsar, coordinar y supervisar el cumplimiento de estos órganos, por lo que realizan revisiones preventivas. Al respecto, el director general de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de esa dependencia, Héctor Antuna Sánchez, informó que incluso la mayoría de municipios y organismos que sí avanzaron en la creación de éste órgano no lo tienen debidamente integrado con un área investigadora y una substanciadora para garantizar la transparencia y la imparcialidad en las resoluciones que hagan.

En municipios

En un diagnóstico que hizo la Contraloría para identificar el estatus de estos órganos en los municipios, algunos ni siquiera respondieron a la solicitud de informes y solo 66 dijeron sí contar con él, aunque hallaron inconsistencias como la falta de evidencia, composición incompleta o perfiles inadecuados para quienes los encabezan.  

Juanacatlán, Tepatitlán, Arandas, y San Juan de los Lagos son algunos de los municipios que no lo tienen.

Los posibles actos de corrupción pueden investigarlos estos órganos por hallazgos en sus auditorías o por quejas o denuncias.

Tan sólo este año, las 40 dependencias o entes estatales que sí lo tienen han iniciado a través de éstos 172 auditorías. Dichos procesos para encontrar irregularidades se omiten en aquellas instituciones públicas que desobedecen la ley al no contar con estas instancias anticorrupción.

Héctor Antuna comentó que “la ley resultó imperfecta porque no establece una sanción para los entes que no tengan su OIC, pero debería ser un siguiente paso”.

Pueden sancionar corruptelas 

Con los Órgano Internos de Control tienen atribuciones de realizar sanciones con base en la ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado. Los casos más complicados son turnados al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Anticorrupción.

Crean padrón de empresas en pro de la integridad

Con la finalidad de que las empresas se involucren en la creación de estrategias institucionales contra actos de corrupción, la Contraloría estatal implementa un registro para fortalecer los mecanismos preventivos de faltas administrativas dentro de estas instancias.

“Tal cual como la ley regula que las instituciones públicas deben contar con ciertos controles, manuales, códigos de ética, ahora ya lo están pasando a un ámbito privado para que las mismas empresas, persona física y moral, cuenten con estos controles internos transparentes y que los entes públicos conozcan con quién están teniendo una relación”, comentó Héctor Antuna Sánchez, director general de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción de la Contraloría estatal.

Detalló que ya tienen convenios con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) para que sus agremiados se sumen y obtengan el distintivo.

Señaló que aunque ahora es voluntario que las empresas acudan a la Contraloría del Estado a registrarse, se busca que sea un requisito obligatorio que lo marque la ley de Compras Gubernamentales.

Entre los elementos que transparentan estas empresas están la “comprobación de los representantes legales, el domicilio real, que cuenten con un código de conducta, normas anticorrupción y debe contar con un sistema de denuncias”, dijo.