Mujeres más desprotegidas, en tres regiones del Estado

Las regiones del Sureste, Norte y Altos Norte de Jalisco son aquellas en donde las mujeres se encuentran más desprotegidas, debido a que estas zonas son las que cuentan con menos normativas enfocadas a proteger al sexo femenino.

Los ayuntamientos de estas demarcaciones son los que muestran más renuencia a incorporar políticas dedicadas a mejorar las condiciones de las mujeres en la Entidad, según indicó el Estudio sobre las Vulnerabilidades, Amenazas y Riesgos publicado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM). 

De los 28 municipios que conforman estas tres regiones, sólo dos (Jocotepec y San Diego de Alejandría) cumplen con los tres puntos que evalúa el estudio, los cuales son contar con una Comisión Edilicia para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, además de reglamentos municipales para la igualdad entre los dos géneros y para el acceso de las mujeres para una vida libre de violencia. Seis municipios de las áreas mencionadas no cumplen ninguno de estos puntos.

En el extremo opuesto del espectro, las regiones Sur y Centro son las que mejores resultados tuvieron en la evaluación. De 24 municipios, ocho cumplen con los tres puntos mencionados, entre ellos resaltan cuatro  de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan y Guadalajara).

El documento señala que la existencia de estas normativas son importantes, pues corrigen vacíos legales que han permitido que la violencia contra las mujeres sea sistemática.

La violencia de género queda invisibilizada por estos vacíos, los cuales se deben resanar con políticas públicas orientadas de forma específica a las necesidades actuales de las mujeres.

A nivel estatal, una quinta parte de las administraciones de la Entidad no cuenta con ningún tipo de normativa que impulse la igualdad entre mujeres y hombres desde los ayuntamientos.

 

Hay poco presupuesto para atenderlas

Por cada peso de fondos federales que se otorga a Jalisco para ser destinado a las instituciones de atención a mujeres, se gastan otros 43 en atención a otros temas de seguridad que por lo general afectan a la población masculina. Esto coloca al Estado en la categoría más baja de evaluación en cuanto a presupuesto respecta, según el Estudio sobre las Vulnerabilidades, Amenazas y Riesgos que publicó el IJM.

Desde que se declaró la Alerta de Violencia contra las Mujeres a nivel estatal a principios de 2016 y se hizo la solicitud para que se activara el equivalente general de dicha medida, el IJM ha tenido acceso a recursos extraordinarios que se le han otorgado para poder atender la situación de violencia de género en el Estado. En total, estos recursos han sumado más de 68 millones de pesos desde 2016.

A nivel municipal, la financiación de instituciones enfocadas en las mujeres se vuelve más complicada. Sólo Acatlán de Juárez, Zapotlán el Grande, Jamay, Mezquitic, San Martín de Hidalgo y Tonalá han recibido subsidios de programas federales por montos superiores a un millón de pesos entre 2012 y 2017.

La mayor parte de los municipios jaliscienses (71) recibió presupuesto suficiente para garantizar una protección “menor” a las mujeres, con montos entre los 190 mil y el medio millón de pesos.

20 municipios, sin subsidio 

Unos 20 municipios de Jalisco no cuentan con ningún tipo de subsidio, por lo que sus instancias dedicadas a las mujeres deben ceñirse a lo que reciben de los gobiernos locales, lo cual, señala el documento, con frecuencia solo cubre las nóminas. Esta carencia presupuestal se refleja en la infraestructura con que se cuenta en el Estado, como lo muestra el hecho de que solo tres municipios en todo Jalisco (Guadalajara, Puerto Vallarta y Tlajomulco) cuentan con un refugio o una instalación similar que ofrezca protección a las mujeres víctimas de violencia.

Denuncian deficiencias en materia penal

Jalisco no cumple con todos los puntos evaluados en materia penal para lograr la igualdad de género. La plataforma “México rumbo a la igualdad”, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dedicada a evaluar los indicadores que miden el desempeño en el avance hacia la igualdad de las entidades federativas, señala que a Jalisco le faltan algunos puntos clave en materia penal que evitan el avance en esta materia.

Uno de los puntos que resaltan es el hecho de que no existe una agravante de pena por el delito de abuso sexual si la víctima es menor de 18 años. Además, el Código Penal no establece que se persiga de oficio (es decir, sin que sea necesario que alguien interponga una denuncia) los delitos por violencia familiar.

Otras deficiencias se dan en el área civil, donde Jalisco no contempla en su Código Civil la reparación de daños a las víctimas en casos de violencia familiar ni establece sanciones civiles para este delito.

Entre las “líneas de trabajo” que la plataforma señala, se encuentra la presencia de atribuciones claras para cada uno de los Poderes del Estado y la existencia de un anexo transversal de género en el presupuesto de egresos.

Sin embargo, la plataforma también reconoce logros para la Entidad, como la tipificación del delito de violación entre cónyuges, que se considere abuso sexual actos que no necesariamente llegan al coito o la prohibición para contraer matrimonio entre menores de 18 años.

Recomiendan homologar normativas

Más de la mitad de los municipios del Estado se quedaron a medias. Obtuvieron resultados que indicaron que se ha implementado al menos una de estas normativas, pero no todas. El documento  recomienda que se homologuen las medidas entre los municipios y las leyes estatales y federales, de manera que se puedan realizar políticas públicas que atiendan las problemáticas de las mujeres jaliscienses de manera pareja en todo el Estado y que éstas resulten efectivas.

Sin política pública: Cladem

En Jalisco no existe una verdadera política pública orientada al combate de la violencia de género. Así lo expresó la coordinadora Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Guadalupe Ramos.

En opinión de la activista y académica, las medidas gubernamentales más bien han consistido en pequeñas acciones que no han estado articuladas con las instancias de los diferentes niveles. “Lo que se requiere son iniciativas transversales que comprometan a todas las instancias de Gobierno y sus niveles, en lugar de que la agenda de género esté centralizada en un solo organismo”.

Ramos comentó que la situación en el Estado tiene los requisitos necesarios para que el Gobierno federal declare la Alerta de Violencia de Género en Jalisco. Entre las características necesarias para obtener la declaratoria resalta el hecho de que la violencia debe ser grave y sistemática, dos requisitos que están presentes en la Entidad.

Acentuó que decisiones como la posible sectorización del Instituto Jalisciense de las Mujeres, la ausencia de una Fiscalía Especializada en Delitos de Género en la propuesta de la reforma a la Fiscalía General del Estado y la desaparición de las Unidades de Género planteadas por el plan de austeridad del Gobierno federal entrante reflejan la falta de conocimiento en materia de género al momento de tomar decisiones. Calificó a las Unidades de Género como “conquistas históricas” que no deben quedar fuera de la administración pública.

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