La Fiscalía Anticorrupción apela fallo en favor de juez polémico

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción apeló el fallo del Juzgado Segundo Especializado en Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal, que rechazó la vinculación a proceso del juez Sergio Peña Sánchez, señalado por abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de la justicia.

El zar anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, explicó que buscan revertir la decisión que evitó procesar al juzgador. Añadió que también se presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura y que, aunque no consiguieron vincularlo a proceso, lograron algo “histórico”, pues llevaron al banquillo de los acusados a un representante del Poder Judicial.

“Nadie había hecho eso de sentar a un juez de ese tamaño y formularle una imputación. No estoy satisfecho con el resultado, pero sí con el esfuerzo que realizamos”, aseveró.

El juez y el ex agente del Ministerio Público, Roberto Avilés, fueron denunciados por ejidatarios de El Zapote por presunto abuso de autoridad en el proceso por la disputa de terrenos que ocupa el Aeropuerto de Guadalajara. El juzgador también fue señalado por presuntas anomalías por medidas cautelares otorgadas para privar de sus derechos corporativos a socios del Guadalajara World TradeCenter.

Al comparecer ante diputados locales, el fiscal detalló que, en su primer año de gestión, recibió 61 denuncias por presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial del Estado.

Ayuda para “despegar”

Los legisladores que escucharon la comparecencia optaron por matizar sus críticas y formular propuestas para aportar. El presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, Enrique Velázquez, prometió avanzar en la delimitación de los ilícitos que son materia de investigación de la dependencia, una modificación pendiente desde la pasada Legislatura.

El panista Gustavo Macías subrayó que es necesario que la dependencia dé resultados y baje la percepción de corrupción. Sostuvo, además, que con su desempeño debe demostrarse que el combate a la corrupción es un asunto “de fondo” y no un tema “de moda”.

El presidente de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC), Salvador Caro, dijo que la Fiscalía debe “terminar de encontrar la naturaleza de su funcionamiento” y entrar de lleno a su tarea.

Gerardo Quirino, de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), planteó que los delitos de corrupción no prescriban y que servidores públicos condenados por corrupción sean inhabilitados permanentemente para ocupar un cargo público.

El legislador de MC, Héctor Pizano, advirtió que la conformación del Sistema Anticorrupción generó altas expectativas porque se pensó que habría funcionarios en la cárcel, pero eso no ha sucedido. También adelantó que promoverá reformas para alentar la investigación de delitos como enriquecimiento ilícito.

Tras más de una hora de exposición del zar anticorrupción, algunos diputados como Bruno Blancas, de Morena, y la priista Mariana Fernández, se retiraron de la comparecencia sin hacer cuestionamientos.

El apoyo Legislativo

• La reforma para el Sistema Anticorrupción dejó una laguna legal que generó que delitos como el de tortura sea material de investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Los diputados prometieron legislar para que eso se modifique.
• Para tener mayor autonomía, el fiscal anticorrupción pidió a los diputados que elaboren una Ley Orgánica para la dependencia, cuya regulación actualmente está incluida en la Fiscalía del Estado.
• También planteó redefinir el delito de abuso de autoridad, pues no todos los hechos de este tipo están vinculados a actos de corrupción. En total, 438 denuncias recibidas en la Fiscalía son por este tema.
• Tras afirmar que muchos inspectores “viven de la corrupción”, el diputado Salvador Caro planteó impulsar una nueva regulación que vigile su desempeño.

Mayor presupuesto, más resultados

Tras “padecer” por falta de recursos en sus primeros meses, la Fiscalía Anticorrupción obtuvo presupuesto suficiente para ampliar sus trabajos, aseveró el titular de la dependencia.

Con los 63.5 millones de pesos para este año habilitarán tres nuevas agencias del Ministerio Público y una oficina fuera del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Admitió que al recibir más fondos están comprometidos a dar más resultados. “Tienen que salir”.

De la Cruz Tovar añadió que se harán ajustes a su proyección de gasto a fin de reducir el rubro de servicios personales y aumentar los fondos en áreas operativas. El año pasado, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción tuvo 9.6 millones.

Según el fiscal, tienen autorizadas 107 plazas, y de ellas sigue pendiente cubrir 73; entre ellas hay agentes del Ministerio Público, secretarios, policías investigadores, notificadores y actuarios.

Atienden la primera denuncia

Minutos después de rendir protesta como zar anticorrupción, Ignacio de la Cruz recibió la primera denuncia por un acto de corrupción; en ella se señalaron irregularidades en la Secretaría de Salud Jalisco, pero fue un año después cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió la auditoria que solicitó a la Contraloría del Estado, por lo que apenas inició la investigación formalmente.

El zar anticorrupción refirió que sólo a partir de ese documento es como se podrían emprender acciones. Comentó que la denuncia original, presentada por los ex diputados Consuelo Robles y Augusto Valencia, sólo iba acompañada por notas periodísticas que no eran suficientes para presumir que se cometió un delito.

“(Antonio) Cruces Mada (el ex secretario de salud) dejó la Secretaría en octubre de 2017. Se llevó un año la contralora para concluir (la revisión de las cuentas). No puedo, dos días después de recibir el informe, emitir una opinión. Tengo que analizar”, precisó.

El funcionario destacó que, aunque ya pasaron más de 12 meses desde que se presentó la denuncia, los posibles delitos cometidos no han prescrito y, en caso de encontrar elementos, emprenderían acciones penales.

Abiertas, seis investigaciones

Alrededor de 40 personas deben rendir declaración como parte de la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de cientos de cuerpos sin identificar, y la contratación de contenedores refrigerantes para almacenarlos. Los ex fiscales Eduardo Almaguer, Raúl Sánchez y Maricela Gómez deben ser entrevistados como protocolo de las indagatorias.

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