La CMIC avala proyecto de nueva ley estatal de obra pública
Destacan que el dictamen incluye aspectos como la obligación de tener bancos de proyectos, dar prioridad a empresas locales, entre otros
Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Jalisco, avalaron el proyecto de una nueva ley estatal de obra pública. Luis Méndez Jaled, presidente de la cámara, destacó que el dictamen de legislación incluye aspectos como la obligación de tener bancos de proyectos, dar prioridad a la participación de empresas locales y vendría a actualizar el marco legal que desde 2004 no se había modificado.
Respecto al tema de corrupción y combate a "moches" en la asignación de obras, el titular de la CMIC afirmó que no tienen documentadas denuncias formales al respecto, argumentó que ese tipo de casos se debe, en ocasiones, a un asunto de percepción.
"Yo no puedo aventurarme a decirlo concretamente, no tengo ningún dato en el escritorio, pero sí lo puedo comentar durante muchos años ha dañado la industria y ha dañado al sector el tema de la corrupción. Con métodos como ejercicios de observación del testigo social, que se están incluidos en esta ley lo vamos a inhibir", argumentó el constructor.
Por su parte, el diputado Ramón Demetrio Guerrero Martínez, presidente de la comisión legislativa de Desarrollo Urbano, explicó que el testigo social sería un representante de la sociedad civil, que no recibe sueldo, que participaría con derecho a voz en los procesos de adjudicación y contratación que llevan a cabo las dependencias. En el caso de la contraloría social, tendría facultades para verificar el cumplimiento de la ley y aplicación de los recursos públicos en la ejecución de las obras contratadas.
El dictamen de la nueva ley estatal de obra pública fue avalado en la comisión de Desarrollo Urbano con siete votos a favor, de diputados del partido Movimiento Ciudadano, y dos abstenciones de los diputados Omar Hernández del Partido Verde y Antonio López del PRI. Aún falta que el dictamen pase por la Comisión de Puntos Constitucionales y posteriormente en el pleno del Poder Legislativo.
EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS