La CEDHJ emite recomendación por feminicidio de Alondra
Señala que en la Fiscalía estatal incumplieron el deber de garantizar la protección y seguridad de la joven asesinada en 2017
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación al titular de Fiscalía General del Estado por el caso de feminicidio de Alondra Guadalupe González, joven asesinada en 2017 en Tlajomulco.
La CEDHJ informó este viernes sobre la recomendación por la violación de los derechos a la vida a una mujer, así como a su integridad física y psicológica, libertad y seguridad personal, al respeto a la dignidad, a una vida sin violencia y a ser libre de toda forma de discriminación también, del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos.
Sobre el caso, explicó en un comunicado que el 21 de agosto de 2018, una mujer presentó queja en la institución a favor de su hija, quien falleció en marzo de 2017 presuntamente a manos de su expareja, un hombre actualmente prófugo de la justicia.
La madre refirió entonces que su hija sufría de manera frecuente amenazas y agresiones por parte de su expareja y que, en febrero de 2017, luego que volvió a atacarla cuando estaba embarazada, lo denunció en la Fiscalía General del Estado, donde dictaron medidas cautelares para supuestamente protegerla.
Las medidas consistían en brindar vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendida, protección policial y auxilio inmediato de la policía en caso necesario a fin de evitar la cercanía con el agresor.
Según la queja, la joven de 20 años de edad falleció durante la noche del 9 de marzo y la madrugada del día 10, luego de recibir otra golpiza y asfixia por estrangulamiento, al parecer de su expareja; tenía 10 días de haber dado a luz a una niña.
“Durante el lapso de la denuncia de mi hija y su posterior asesinato, no hubo una sola acción institucional por parte del personal del Centro de Justicia para la Mujer para proteger su integridad y su vida, a pesar de que tenía una medida de protección y del alto riesgo en que se encontraba”, expuso la madre.
Añadió que en marzo de 2017 se dictó una orden de aprehensión contra el presunto agresor; sin embargo, a la fecha de la queja ya habían pasado 17 meses sin que ésta se ejecutara.
La CEDHJ dijo que evidenció que dos agentes del Ministerio Público, y el personal de la entonces Comisaría de Investigación adscrito al despacho del comisionado de Seguridad Pública del Estado, todos asignados en ese entonces a la Fiscalía General, incumplieron su deber de garantizar la protección y seguridad de la agraviada.
También se acreditó una responsabilidad institucional por falta de cumplimiento del deber y obligación de respetar y garantizar la protección de esos derechos humanos mediante los principios de debida diligencia y máxima protección.
Entre otras irregularidades se acreditó que la agente del Ministerio Público, si bien elaboró el oficio dirigido a la directora general del Centro de Atención a Ofendidos, Víctimas y Testigos del Delito, para que se brindara apoyo integral a la víctima, éste nunca le fue notificado, lo que propició que no se le proporcionara atención, lo mismo ocurrió con la solicitud de medidas de protección dirigida a la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco y con otra agente del Ministerio Público, quien no atendió la situación alarmante advertida por la Consejería del Centro de Justicia para las Mujeres, que determinó “semáforo rojo”, lo que implicaba peligro inminente de violencia extrema para la víctima.
La CEDHJ constató que aun después de fallecida la víctima, siguieron enviándole citatorios para que se presentara, lo cual es indignante, máxime que el 11 de marzo de 2017 el agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios Dolosos pidió al agente adscrito al Centro de Justicia de la Mujer que le enviara copias de la carpeta de investigación citada para anexarla a otra porque estaban relacionadas. Era, pues, fácil deducir que en dicha indagatoria se estaría investigando el homicidio de la joven madre.
Además se acreditó que el crimen de la joven madre continúa impune, pues la Fiscalía del Estado ha incumplido con la obligación de garantizar los derechos humanos de las víctimas indirectas.
IM