Jalisco, estancado en combate a la corrupción
Según el Índice de Estado de Derecho en México, los indicadores orden-justicia y ausencia de corrupción son los peores evaluados
A pesar de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Jalisco, el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, estudio realizado por el World JusticeProject (WJP), señaló que la Entidad se estancó en la materia.
De acuerdo con la medición de esta organización civil internacional, que se dedica a evaluar los avances en el tema, los indicadores orden-justicia y ausencia de corrupción son los más rezagados.
En el caso del segundo, se considera la existencia de prácticas irregulares en el Gobierno, como sobornos, influencias inapropiadas por intereses públicos o privados y apropiación indebida de fondos públicos. En ese tema, el Estado obtuvo una calificación de 0.31 (en una escala de cero a uno). Es la misma nota que registró en 2018.
Desde hace dos años, cuando arrancó el SEA, se han destinado 153.7 millones de pesos para la operación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema.
En el apartado de seguridad, pasó de 0.29 a 0.27. Para determinar el alcance, se tomó en cuenta la percepción de las personas, la medición de homicidios y la victimización. Los tres puntos tuvieron retrocesos. Por ejemplo, el primero bajó de 0.45 a 0.38.
Además, en la evaluación global, Jalisco cayó del lugar 23 al 26. Tuvo 0.37 puntos.
Para el WJP, los ocho factores que representan manifestaciones clave del Estado de Derecho (y que se consideran en el análisis referido) son: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, Gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
A nivel nacional, las entidades con los puntajes más altos son Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43). En los últimos sitios están Guerrero (0.33), Puebla (0.35) y Quintana Roo (0.35).
El Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 es una adaptación del Índice de Estado de Derecho producido por el WJP a nivel global.
Se ajustaron los indicadores para reflejar características únicas del contexto mexicano y diferencias entre los 32 estados del país.
Según su metodología, se hicieron 25 mil 600 entrevistas cara a cara en hogares, 800 por Estado a población de 18 años y más, y dos mil 673 encuestas a especialistas.