Jueces para presos jaliscienses, con la mayor saturación a nivel nacional

Los jueces de ejecución son la autoridad judicial especializada del fuero federal o común, que deben garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, garantizar la ejecución de las sentencias condenatorias y resolver los incidentes que se promuevan respecto del pago de la reparación del daño, entre otras atribuciones.

En Jalisco hay solamente tres jueces especializados en ejecución penal para 11 mil 825  personas privadas de la libertad en el fuero común, por lo que cada uno debe atender tres mil 942 personas, que representa la mayor saturación a nivel nacional.

“Para atender asuntos del fuero federal, cada Centro de Justicia Penal Federal debe contar con al menos un juez especializado en ejecución penal. Para 2022, el Consejo de la Judicatura Federal reportó la existencia de 41 centros federales, lo que equivale a un aproximado de 720 personas privadas de la libertad por juez de ejecución, considerando la población presa en el fuero federal tanto en centros estatales como en centros federales”.

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Pero en el fuero común la proporción de personas privadas de la libertad por juez de ejecución es mayor que para el ámbito federal, con un promedio de un juez de ejecución penal para cada mil 017 presos, pero en Jalisco la cifra es tres veces más.

“Si bien no existe un estándar en la ley ni en los acuerdos emitidos por los distintos poderes judiciales a nivel estatal sobre cuántos jueces de ejecución penal se requieren, el incremento de este personal en el fuero común es incipiente. La mayoría de los estados redujeron o mantuvieron constantes a sus jueces especializados respecto del año anterior”, analizó México Evalúa.

¿Qué es una salida positiva?

La finalidad del nuevo sistema penal no es tener a más personas en la cárcel, sino que éstas encuentren justicia mediante las distintas formas establecidas en el Código Penal de Procedimientos Penales.

Para México Evalúa, las salidas positivas a la causa penal, corresponden a escenarios en que los conflictos que llegan al sistema encuentran solución de acuerdo con la aplicación efectiva de las normas.

“En general, las salidas positivas implican que el conflicto sea atendido adecuada y oportunamente mediante la activación de las autoridades para la consecución de objetivos concretos, como pueden ser el hallazgo de la verdad en cuanto a los hechos ocurridos, la imposición de una sanción proporcional al hecho punible, la facilitación de espacios para el diálogo de las partes y la definición de acuerdos reparatorios”.

En cambio, la organización indica que las salidas negativas corresponden a escenarios en que los conflictos penales que llegan al sistema no se resuelven.

“Aquí se incluyen la falta de investigación por supuesta ausencia de indicios, la abstención de investigación, el sobreseimiento de las causas penales, la prescripción de los delitos que ya están bajo proceso”.

Opina que el origen de esto, tiene que ver con la pasividad de las autoridades frente a los conflictos que conocen, de manera que éstos quedan desatendidos. “Es decir, teniendo la obligación de realizar determinadas acciones, las autoridades del sistema permanecen inactivas. Así, la verdad sobre los hechos no llega a conocerse, la persona responsable no llega a ser sancionada y no se alcanza un acuerdo reparatorio”.

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MV

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