Inicia caza de asesinos de policías: caen siete

La investigación que siguió a la muerte de dos policías de Zapopan, asesinados el lunes por la noche al atender un reporte de robo, permitió el arresto de siete individuos presuntamente involucrados en la agresión que pertenecían a una banda de ladrones de autos que opera en el Sur de Zapopan, y la recuperación tanto de las armas que tenían los agentes caídos como la que se usó para agredirlos.

El fiscal general, Raúl Sánchez, y el comisario zapopano, Roberto Alarcón, confirmaron la captura de cuatro hombres y tres mujeres durante un operativo coordinado en el que también participó la Policía de Tlaquepaque. Según las pesquisas, los señalados integran una banda que opera en colonias como Paseos del Sol, Arboledas, La Calma, El Briseño, El Mante, La Florida y Agua Blanca.

Por otra parte, horas atrás, el gobernador Aristóteles Sandoval afirmó que los asesinos de los policías tapatíos serán perseguidos con el sistema de videovigilancia “Escudo Urbano C5” como herramienta principal, pues la red de cámaras arrojó datos que permiten identificar a los culpables de ambos ataques, y “seguramente muy pronto estarán tras las rejas”.

Actualmente, el sistema cuenta con dos mil cámaras activas y su tecnología, según lo ha informado la Fiscalía, permite la identificación facial y de placas. Una vez concluida su instalación, serán seis mil 700 aparatos en la red.

El gobernador y los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, Enrique Ibarra y Pablo Lemus, respectivamente, anunciaron que también se reunirán con autoridades federales para sumar fuerza a la estrategia que, aseguran, llevará con los culpables.

Todos coincidieron en que “la jornada negra” que vivió la ciudad el lunes fue consecuencia de un “buen trabajo” realizado por los cuerpos policiales. En el caso de los oficiales de Guadalajara, por sus resultados en operativos ejecutados en días pasados, y los zapopanos al responder a un reporte de robo.

Apoyan a familiares de policías caídos en la metrópoli con casi nueve MDP

Omar Hernández Lara era oficial de Tlaquepaque. El pasado 23 de julio, él y otros elementos marcaron el alto a un vehículo en donde viajaban tres hombres. Cuando les pidieron detenerse, uno de los tripulantes sacó un arma y la disparó contra Omar. Murió.

Él es uno de los 25 elementos metropolitanos que, entre enero de 2012 y julio de 2018, han fallecido  durante el servicio por homicidio, enfermedad y hasta suicidio. Según Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, en ese periodo se han entregado ocho millones 700 mil pesos por concepto de indemnización a sus familiares.

Públicamente, los alcaldes metropolitanos han hecho compromisos para apoyar a las familias de sus agentes caídos en el cumplimiento del deber. Por eso los ayuntamientos han contratado seguros de vida con pólizas especiales para cargos operativos.

Así, Tlaquepaque ha entregado apoyos por 500 mil pesos a los padres, cónyuges e hijos de los seis agentes que han sido asesinados entre 2014 y 2018. Los deudos también recibieron el equivalente a tres meses de sueldo del oficial para utilizarse en gastos funerarios y les ha procurado atención psicológica.

El municipio que otorga un monto mayor es Zapopan: 700 mil pesos, más dos meses de sueldo para la ceremonia fúnebre. Por su parte, el seguro con el que cuenta la Policía de Tlajomulco alcanza los 250 mil pesos, cifra que se ha entregado al círculo cercano de cada uno de los cuatro elementos que han perdido la vida en la presente administración.

Guadalajara registra tres oficiales ejecutados hasta julio pasado. Mientras los parientes de dos de ellos recibieron 900 mil pesos, los del tercero  obtuvieron 100 mil. La Comisaría no dio detalles al respecto.

Van por penas más severas para asesinos de agentes

Los homicidios de seis oficiales reactivaron el debate sobre la aplicación de reformas que endurezcan las sanciones por estos crímenes, expuso César Cuevas, oficial tapatío y presidente de la asociación Construyamos Seguridad.

Asociaciones de policías que ya preparaban un proyecto se sumarán a una iniciativa del diputado local, Salvador Caro, para que las sanciones sean mayores no sólo en homicidios, sino en las agresiones a policías. Tentativamente, la iniciativa se presentará mañana.

La propuesta es modificar los cuatro artículos del Código Penal de Jalisco y aumentar la pena hasta seis años de prisión en caso de privar de la libertad a un policía. El castigo actual es de cuatro años.

Por lesiones que no pongan en peligro la vida de los oficiales se darían de dos a cinco años. El homicidio calificado se sancionaría con 40 a 60 años de cárcel, y permanecerían tras las rejas entre seis meses y ocho años por daño a las cosas… si éstas son utilizadas para la seguridad pública.

Inversión federal no rindió frutos

En su sexto y último Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció “la debilidad institucional de las corporaciones policiacas locales” como una de las causas para el aumento de los índices delictivos. Esto a pesar de que durante su administración aumentó la inversión federal destinada a mejorar los cuerpos policiacos del país.

En el sexenio se destinaron más de 80 mil millones de pesos a las autoridades locales para “modernizar las instalaciones, equipos y armamento de sus corporaciones policiales, lo mismo que para promover la capacitación de su personal y dignificar su labor”.

Sin embargo, la inversión no rindió frutos. Para el académico Alfonso Partida Caballero, en Jalisco los recursos se “dilapidaron” en estrategias fallidas. En su opinión, las acciones de seguridad en el Estado no partieron de un diagnóstico que detectara las necesidades reales para emprender estrategias acordes.

El documento del Sexto Informe acepta que “prevalece una enorme disparidad entre las capacidades de las instituciones federales y locales, a pesar del gran esfuerzo realizado para impulsar la profesionalización de éstas últimas”.