Gobernador omite violencia de género en informe
Olvida compartir estadísticas de violaciones y violencia familiar, que van al alza; subraya la baja en los delitos patrimoniales
En su tercer informe en materia de seguridad, el gobernador de Jalisco dejó de lado las estadísticas relacionadas con los delitos de violencia de género, como las violaciones o la violencia familiar, que en los últimos años se han incrementado, como lo dio a conocer ayer este medio de comunicación.
Si bien se explayó para subrayar la baja en los ilícitos patrimoniales (robo a vehículo particular, a negocio, a casa habitación, a persona, a cuentahabiente, entre otros), en los relacionados con las mujeres sólo ofreció cifras de feminicidios. Según los datos que presentó, entre octubre de 2018 y septiembre de 2019 hubo 53 casos. Sin embargo, de octubre de 2020 a septiembre de este año fueron 83.
Dijo que este aumento se debe a que todos los homicidios de mujeres se investigan bajo el protocolo de feminicidio. Sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó de enero a septiembre de este año otros 156 asesinatos de mujeres.
Sin compartir números, admitió que la violencia de género y la familiar van al alza. Agregó que en nueve de cada 10 feminicidios el agresor es familiar, pareja o una persona conocida por la víctima.
Ante esta situación, él y la secretaria de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo, destacaron que ya se trabaja en la instalación de una mesa con especialistas y académicos para identificar los factores que han influido en el crecimiento de este problema, a fin de establecer las políticas públicas para combatirlo.
En cuanto a homicidios dolosos, que pasaron de dos mil 070 (de octubre de 2017 a septiembre de 2018) a dos mil 109 (de octubre de 2020 a septiembre de este año), aseguró que no hay una escalada de violencia significativa. Además, sin ofrecer pruebas, afirmó que 80% de los asesinatos en la Entidad están relacionados con el crimen organizado.
“Si esto no es delincuencia organizada, si alguien que llegue, le dé un balazo a alguien sin robarle nada, no es un asunto que tenga que ver con algo extraño, me parece que entonces tendríamos un problema de conceptos que no podríamos resolver”, remató.
Gobernador de Jalisco niega crisis forense
Durante su tercer informe en materia de seguridad, el gobernador de Jalisco aseguró que se han llevado a cabo diversas acciones para dar salida a la crisis con la cual su administración recibió al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
Explicó que cuando tomó las riendas del Estado, el IJCF no tenía capacidad de manejo, no había trazabilidad en las inhumaciones, registros ni archivos básicos de identificación, no contaba con personal suficiente y tenía mil por ciento de ocupación.
“Lo que podemos decir es que respecto al mil por ciento de ocupación que se tenía en 2018, hoy estamos al 97.8 por ciento. Trabajamos al límite, pero cuando alguien habla de crisis forense lo que yo le digo es no, crisis la que había hace tres años. Hoy lo que tenemos es un Instituto en proceso de renovación, de fortalecimiento y una ruta de trabajo para los próximos años, pero con logros y avances muy significativos”, dijo.
Por otra parte, el mandatario estatal acentuó que en lo que va del último año han desaparecido menos personas en comparación con periodos anteriores, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía estatal.
Mientras de enero a septiembre de 2019 se presentaron denuncias por la desaparición de tres mil 884 personas, en el mismo lapso de 2021 han sido dos mil 770, lo cual representa una disminución de casi 30 por ciento.
También resaltó que son menos las personas “pendientes de localizar”, pues si bien 2019 (año récord con más personas bajo este rubro) cerró con mil 911, en lo que va de este año suman mil 286. El porcentaje de localizaciones, añadió, pasó de 80.6% en 2019 a 83.1 por ciento en este año.
En cuanto al combate a los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición de personas cometida por particulares, destacó que en lo que va de su Gobierno se ha detenido a 59 servidores públicos, se ha judicializado a 572 personas y se ha vinculado a proceso a 281, aunque no informó sobre algún responsable con sentencia.