En comparecencia a modo, fiscal reconoce pérdida de credibilidad
Gerardo Octavio Solís aceptó la infiltración de la delincuencia en la FGE y anunció investigaciones para esclarecer las detenciones ilegales cometidas por la corporación, pero descartó renunciar su cargo
Aunque reconoció que la Fiscalía del Estado perdió credibilidad tras las detenciones irregulares que realizaron agentes investigadores el pasado 5 de junio, el fiscal Gerardo Octavio Solís negó que vaya a dejar su cargo.
En comparecencia ante diputados locales, dijo que por esa “pérdida de credibilidad” se inició una investigación que quedó en manos de la Fiscalía estatal Anticorrupción, y una segunda por desaparición forzada que atrajo la Fiscalía General de la República (FGR).
Solís enfrentó cuestionamientos de legisladores de Morena y PRI, mientras que los de Movimiento Ciudadano, PAN, PRD, Verde y PT lo respaldaron. El funcionario volvió a aceptar que hay delincuencia organizada infiltrada en la dependencia, pero argumentó que, según estudios de inteligencia nacional, lo mismo pasa en todos los estados.
Tampoco descartó que la FGR lo requiera para declarar. “Lo que le planteé al fiscal General de la República fueron las circunstancias del hecho y las decisiones que se tomaron. Estoy a disposición de cualquier autoridad porque las órdenes que se dieron fueron las correctas y los que las incumplieron van a tener que responder por ello”.
Añadió que hay “un gran pesar” entre el personal de la dependencia que “sí trabaja” por la pérdida de credibilidad que han generado los hechos recientes.
Concluyó que, del resultado de esas pesquisas y con trabajo diario, se buscará recobrar la credibilidad. Esto, a pesar de que comentó que en las detenciones irregulares habrían participado 15 o 20 policías todavía no identificados y que siguen en activo.
El Congreso, blindado para evitar nuevas protestas
Más de 100 policías fueron dispuestos en los alrededores del Congreso para blindar la comparecencia del coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez, el fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón. Entre los elementos se encontraron antimotines de la Policía del Estado y de la Comisaría de Guadalajara. Además, el edificio fue cercado con vallas de metal que impidieron el paso sobre avenida Hidalgo y las calles Belén, Independencia y Pino Suárez. Pese a ello, un contingente compuesto principalmente por adultos mayores, acudió a protestar durante la comparecencia de los funcionarios. Los manifestantes solicitaron la renuncia de Gerardo Octavio Solís, por considerar que “el puesto le quedó grande”.
“Que no reparta culpas”, pide la oposición al fiscal
En sus intervenciones, las diputadas Mariana Fernández (PRI) y Érika Pérez (Morena) cuestionaron el actuar de los funcionarios estatales. La priista aseveró que, tras el reconocimiento de la infiltración de la delincuencia, la Fiscalía General de la República (FGR) debería tomar el control de la dependencia estatal. La morenista insistió en que se debe aclarar quién dio la orden de las detenciones.
Sofía García (PRI) llamó a “no repartir culpas y asumir responsabilidades”, y dijo que la reunión de ayer no se convocó para defender o crucificar a nadie, sino para buscar que se esclarezcan los hechos.
El coordinador del Gabinete estatal de Seguridad, Macedonio Tamez, aceptó que en la manifestación del 5 de junio “faltó labor de inteligencia” para identificar a grupos que violentaron una protesta que tenían identificada como pacífica y tranquila. Y sobre la infiltración de la delincuencia organizada, apuntó que Jalisco está “bastante solo”, pues el Gobierno federal todavía está “en construcción de sus instituciones”.
En contraste, diputados del PAN y Movimiento Ciudadano defendieron que la administración estatal actuó bien en el caso de Giovanni López y señalaron como responsables a las autoridades de Ixtlahuacán de los Membrillos. Subrayaron que debe haber sanción al manifestante que prendió fuego a un elemento de la Policía de Guadalajara y repitieron la afirmación del gobernador: en la protesta del 4 de junio hubo grupos que vinieron a “desestabilizar al Estado”.
“Un capítulo negro”
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández, afirmó que los hechos registrados el 4 y 5 de junio pasados entrarán en la historia como “uno de los capítulos más negros” del actuar de la Policía en el Estado.
En su comparecencia ante legisladores locales, lamentó la carga política que se ha dado a la muerte de Giovanni López, lo que “hace difícil la mediación” y puso como ejemplo la reunión de ayer con diputados.
Pidió a la Fiscalía estatal revisar sus protocolos y su presencia en manifestaciones. Sostuvo que se debe esclarecer por qué en instalaciones públicas hay “jaulas” para privar de la libertad a personas y el uso de vehículos no oficiales.
“Son rezagos históricos generados por gobiernos de un color y de otro, y durante muchos años”, afirmó.
Exigen crear “comisión de la verdad”
Tras las detenciones arbitrarias de, por lo menos, 45 personas en las manifestaciones del 4 y 5 de junio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) exhortó a instaurar una “comisión de la verdad y de la justicia” para que se busque el derecho humano a la verdad, se repare el daño a las víctimas y se garantice que eso no se repetirá.
...Y les pega el COVID-19
La Fiscalía del Estado no sólo lucha contra la falta de credibilidad debido a los hechos registrados el 5 de junio. También el coronavirus pegó a diversos funcionarios de esa dependencia.
El fiscal Gerardo Octavio Solís confirmó seis “altos mandos” contagiados. Entre ellos el fiscal Ejecutivo, la directora de Asuntos de Género, el director de Control de Procesos y el de Comunicación, así como ministerios públicos y elementos de la Policía Investigadora.
“No estamos exentos. Están aisladas áreas completas”, y afirmó que otras unidades cubren ese vacío temporal.