Eligen para auditor a perfil mejor evaluado
Diputados locales logran consenso para nombrar a Alejandro Ortiz Ramírez como nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado
Con 35 votos a favor, el pleno del Congreso local aprobó designar como nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, por un periodo de ocho años con posibilidad de reelección, a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, el candidato mejor evaluado por el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado. Entre sus credenciales, el nuevo auditor ha trabajado los últimos 10 años en la Auditoría Superior de la Federación.
Si bien hubo consenso para cristalizar este nombramiento, la integración de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa quedó incompleta. Luego de tres rondas de votación no se alcanzó acuerdo para elegir a un juzgador por un lapso de cinco años.
En los intentos se dividió la decisión entre Carlos Ramiro Ruiz Moreno y Jacinto Silva Rodríguez, pero ninguno alcanzó los 26 votos requeridos. Este puesto se declaró desierto y se instruyó a la Comisión de Justicia a emitir una nueva convocatoria y repetir el proceso.
Sin embargo, la anuencia llegó para designar a Avelino Bravo Cacho como magistrado por siete años. Bravo Cacho trabajó en la Contraloría estatal como director general jurídico y en la evaluación del Comité se ubicó en la mitad de la tabla. El candidato mejor calificado por este órgano, José Ramón Jiménez Gutiérrez, fue electo como magistrado por un periodo de seis años.
El Legislativo dejó pendiente la elección del primer Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. Tras dos intentos, la votación de los diputados se dividió entre Verónica Isabel Batrés Jiménez y Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar.
Antes de llegar a un tercer intento y proceder al sorteo del cargo entre los seis perfiles enviados por el gobernador, el priista Hugo Contreras Zepeda propuso declarar receso en la sesión de pleno para regresar a las negociaciones e intentar definir al mejor perfil.
Antes de la primera ronda de votación, el coordinador de la fracción emecista, Ismael del Toro, adelantó su voto a favor de De la Cruz Tovar con el argumento de que de la terna propuesta por el mandatario estatal es el único que no es funcionario del Ejecutivo.
La perredista Mónica Almeida cuestionó que se haya integrado en la propuesta a Batrés Jiménez y a Miguel Ángel Silva Cuevas, que son funcionarios en la Contraloría y la Fiscalía, respectivamente.
Por otro lado, Raúl Sánchez Jiménez fue ratificado como fiscal general del Estado. Además, hoy los diputados deberán iniciar con la discusión del presupuesto estatal para 2018.
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Designan a contralores internos del SAEJ
Con votaciones casi unánimes, el pleno del Congreso avaló las designaciones de los contralores internos de dependencias autónomas y al titular del órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ).
Como contralor interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se nombró a Jesús Pedro Brizuela Villegas, quien se desempañaba como asesor en la fracción del PAN. Para el órgano interno de control del Instituto de Transparencia fue seleccionada Martha Patricia Armenta de León, quien formaba parte de la Contraloría estatal como directora del Área de Responsabilidades. Para el Tribunal de Justicia Administrativa se eligió como contralor interno a Jesús Jiménez Cázares, actualmente es funcionario del Gobierno estatal. Al frente del órgano interno de control del Tribunal Electoral del Estado, Manuel Rodríguez Murillo, quien trabajó en la Secretaría de Educación.
Para ocupar el cargo de contralor de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se designó a Norma Jesús Hernández Reyes, también con ligas panistas, fue contralora procuraduría estatal en 2008 y actual contralora del DIF Guadalajara. El órgano interno de control de la Secretaría será el encargado de la fiscalización y control en materia de presupuesto, responsabilidades administrativas de servidores públicos, transparencia, contrataciones, conservación, uso y destino de bienes muebles e inmuebles.
La designación de los contralores internos es por cuatro años sin posibilidad de reelección.