Divide posturas propuesta de ley estatal de comunicación social
La bancada del PRI en el congreso afirma que la ley niega que se pretenda limitar la libertad de expresión a través de su propuesta
La iniciativa para crear una ley estatal de comunicación social, presentada por la bancada del PRI en el Congreso local, generó posturas encontradas entre legisladores. La priista Sofía Valencia Abundis, sostuvo que sólo buscan armonizar el marco legal estatal con la ley federal aprobada en abril pasado; negó que se pretenda impulsar una regulación para limitar la libertad de expresión a través de la publicidad oficial.
La legisladora subrayó que su planteamiento no incluye crear un padrón estatal de medios, explicó que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social deberán sujetarse a las disposiciones previstas en la ley nacional.
Valencia Abundis aseveró que su proyecto de legislación no modifica el tope de gasto en publicidad, mantiene lo especificado en la ley de austeridad estatal que en su artículo trece detalla que los gastos en publicidad y comunicación por concepto de tiempos en radio y televisión, pautas en Internet y los espacios en prensa escrita, no podrán rebasar el cero punto tres por ciento del presupuesto anual, con excepción de la difusión en materia de programas de protección civil, salud y seguridad pública. La propuesta del PRI no incluye sanciones por superar los topes en el gasto de publicidad.
Por su parte la bancada del PAN anunció que presentará otra iniciativa al respecto, Miguel Ángel Monraz, sostuvo que se debe sancionar a los funcionarios que violen el tope de gasto con la posibilidad de ser sometidos a juicio político. Proponen bajar el gasto en publicidad al 0.05% del presupuesto.
La iniciativa panista incluye crear el Consejo Consultivo de la Equidad y la Transparencia de la Publicidad Institucional del Estado, que sería el responsable de vigilar que las campañas institucionales de publicidad se realicen apegadas a la regulación. El Consejo estaría integrado por representantes del Sistema Estatal Anticorrupción, de universidades, miembros de la industria de la Televisión, Radio y Editoriales, así como por el Auditor Superior del Estado.
A nivel nacional organizaciones civiles descalificaron la legislación aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, a la que denominaron “ley chayote”, cuestionaron que la Secretaría de Gobernación sea la encargada de integrar el padrón de medios y administrar el uso de los tiempos oficiales. Activistas se pronunciaron contra la nueva ley por considerar que legaliza la corrupción mediática. Además, de que sólo se consideró la iniciativa presentada por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza.
Tras la aprobación y entrada en vigor de la llamada “ley chayote” a nivel federal, los estados tienen plazo de 90 días para ajustar sus legislaciones locales. La iniciativa propuesta por el PRI considera que entre en vigor el 28 de febrero de 2019.
JA