Además de aplicar evaluaciones y nombrar a los perfiles con mejores trayectorias, los diputados locales deben justificar el sentido de su voto cada que realicen un nombramiento, señaló Cynthia Cantero Pacheco, presidenta del Instituto de Transparencia e integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Que la designación de los funcionarios públicos se haga con apertura, con transparencia, que se diga por qué se está eligiendo a una persona y no a otras, qué características o capacidades tiene que no tienen otras. Es algo que hemos impulsado desde la comisión de selección del Sistema Nacional Anticorrupción”, apuntó.

El Congreso local tiene pendiente discutir una reforma al mecanismo de designación de magistrados; el gobernador anunció que esta semana presentará una iniciativa al respecto que dijo buscará acabar con el reparto de cuotas entre partidos. La propuesta del Poder Ejecutivo se sumaría a otras tres planteadas por legisladores. 

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado tiene vacantes cuatro magistraturas a la espera de que los diputados realicen los procesos de designación, lo cual no sucedería hasta que se reforme el mecanismo de nombramiento.

Ciudadanos piden al Congreso que los involucre

Que el Congreso del Estado implique a los ciudadanos en la elaboración de iniciativas y que los diputados justifiquen la votación de los nombramientos que aprueba, fueron los dos compromisos que se plantearon en la mesa de trabajo “Instituciones abiertas contra la corrupción” organizada en el Poder Legislativo por el Secretariado Técnico de Gobierno Abierto.

Cynthia Cantero Pacheco, titular del secretariado, explicó que en el ejercicio participaron ciudadanos, representantes de organizaciones civiles y diputados. Los compromisos que asuma el Congreso se incluirán en el plan de acción estatal sobre gobierno abierto, que se aprobará en julio, y tendrán un año para cumplir con su implementación.

Cantero Pacheco explicó que, aunque la Ley de Transparencia obliga a publicar información en portales de internet y poner la información pública a disposición de la sociedad, las políticas de gobierno abierto plantean que las autoridades vayan más allá e involucren a la sociedad de manera activa en la toma de decisiones.

Añadió que el Instituto de Transparencia (Itei) ofrece apoyar a los sujetos obligados a cumplir con los compromisos que asuman. La sociedad civil y la Alianza de Gobierno Abierto a nivel internacional (Open Government Partnership, OGP) darán seguimiento al cumplimiento de compromisos. 

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial estatales ya realizaron ejercicios similares y asumieron compromisos que se sumarán al plan de acción local de gobierno abierto.

NM

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