Confirman desaparición forzada de Maximiliano Romero
Estudiaba entonces el segundo semestre de la Licenciatura en Diseño Gráfico en el Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño
Este miércoles el colectivo en busca de sus seres queridos desaparecidos, Luz de Esperanza, dio a conocer la sentencia de amparo concedida por un juez en la que se determina que la desaparición de Carlos Maximiliano Romero Meza, hijo de Liliana Meza, una de las líderes de Luz de Esperanza, fue una desaparición forzada.
Se trata de la determinación dictada el pasado 17 de abril por el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Puente Grande, la cual se apega a estándares internacionales, y la cual valora las pruebas en la denuncia de la señora Liliana, por lo que pudo establecerse que en la desaparición de “Max” hubo participación y/o consentimiento de agentes del Estado al momento de que sustrajeron a “Max” de su domicilio, ubicado en la colonia La Tuzanía, en Zapopan, en 2020.
Carlos Maximiliano tenía solo 18 años al momento de la desaparición. Estudiaba entonces el segundo semestre de la Licenciatura en Diseño Gráfico en el Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara.
“En Luz de Esperanza recibimos esta sentencia con una mezcla de alegría, tristeza y esperanza en sí, siendo un hito en nuestros diferentes procesos jurídicos en trámite, en los que buscamos con ahínco que, en primer término, se reconozca la desaparición forzada por parte de autoridades en ciertos casos, ante la constante negativa, y negación, de esta situación, y de lograr avances en investigaciones. Y en segundo término, que se realicen las acciones necesarias y óptimas para lograr encontrar a nuestros seres amados, y accedamos al derecho a la verdad y la justicia”, dijo el colectivo a través de un comunicado.
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Explicó también que, el derecho a la verdad tiene especial relevancia para las familias de las personas desaparecidas, y aún más cuando se trata de una desaparición forzada donde existe participación o aprobación de las autoridades, por lo que se puede incidir en que el Estado lleva mano en los nulos avances de las investigaciones, el ocultamiento de evidencias, falta de coordinación institucional, negación a reconocer el problema públicamente, en el retiro de fichas de búsqueda (particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara) y la intimidación de las personas buscadoras.
Todo ello, a su vez, repercute en que la desaparición no sea reconocida ni sea abordada debidamente, complicando las búsquedas de familiares y colectivos. Dentro de las medidas que se ordenan para el caso de “Max”, se encuentran la restitución de los derechos que han sido violados dentro del caso, como por ejemplo, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, a la investigación y a que Liliana Meza, como víctima indirecta, pueda recibir tratamiento especializado para el tratamiento del daño, además de ordenarle inmediata protección por parte de la autoridad federal.
“Esperamos que en otros asuntos se comparta el mismo criterio por otros juzgadores de amparo, y se opte por la interpretación que favorezca más protección a las personas, ya que nos hemos topado con sentencias en las que, con base en la negativa de la propia autoridad responsable, se nos ha negado la protección”, finalizó el comunicado.
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FS