Dan ultimátum a magistrados para que presenten propuestas sobre reforma al Poder Judicial
El legislador Salvador Caro apuntó que desde que se avaló la reforma constitucional no han tenido un planteamiento formal del Poder Judicial
Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia están más preocupados por conservar privilegios como el bono por retiro, que en formalizar sus observaciones a la reforma a los procesos de evaluación y nombramiento de juzgadores; aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Salvador Caro Cabrera, apuntó que desde que se avaló la reforma constitucional no han tenido un planteamiento formal del Poder Judicial.
Sobre la posibilidad de que el Supremo Tribunal de Justicia acuerde presentar una controversia contra la reforma, el legislador de Movimiento Ciudadano dijo que si lo hacen exhibirán que sólo buscan mantener prebendas sin proponer formas para mejorar.
"Vemos muchas cosas mal y poca disposición de ellos a pesar de la apertura al diálogo para construir alternativas. Nunca se ha recibido un documento formal que vaya en la ruta de las preocupaciones de los jaliscienses. Estamos abiertos a recibir una contrapropuesta que sea solvente por parte del Poder Judicial que rebase el hambre de algunos de recibir el haber de retiro y afán de otros de que les tapen la colota que tienen", aseveró.
Caro Cabrera sostuvo que en el fondo los juzgadores defienden intereses que calificó como ilegítimos; argumentó que lo que no quieren es que los evalúen, que los vigilen y tener un bono de retiro.
El emecista señaló que esta semana podría ser emitida la declaratoria de la reforma constitucional, una vez que reúna la ratificación de la mitad de los ayuntamientos y aprobar las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
"Depende de que el Poder Judicial muestre voluntad de presentar propuestas legítimas para poder influir formalmente en la legislación secundaria. Esperamos un documento que plantee este tipo de contenidos", añadió.
La reforma constitucional en la que se incluyó la aplicación de pruebas de confianza a jueces y magistrados y eliminar el haber de retiro; fue aprobada el pasado 12 de junio en el Congreso y los ayuntamientos tenían máximo un mes para ratificarla. Entrará en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial.
LS