Congreso estatal avala multa de cuatro MDP por contaminar agua
Las sanciones también aplican a quien descargue agua tratada fuera de los parámetros o límites permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas
Como parte del plan de saneamiento del Río Santiago, fue aprobado el endurecimiento de las sanciones por la contaminación de cuerpos de agua de jurisdicción estatal. La reforma aprobada por el Congreso local modifica el Código Penal y la Ley estatal de equilibrio ecológico para establecer multa máxima de hasta cuatro millones 200 mil pesos y pena de nueve años de cárcel a quien descargue, deposite, infiltre aguas residuales, químicos o desechos contaminantes. Las sanciones también aplican a quien descargue agua tratada fuera de los parámetros o límites permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.
El diputado Daniel Robles de León, promotor de la modificación, negó que la medida sea recaudatoria, argumentó que homologaron la legislación estatal con las disposiciones federales.
Con los cambios, los legisladores dan atribuciones a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) para hacer las inspecciones de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones competencia del Estado. Detallan los procesos que deben seguir las revisiones, diligencias administrativas y procedimientos ambientales.
“La Proepa operaba en un ambiente de incertidumbre jurídica y dependía del criterio del inspector. Incluso en la modificación se establece que el inspector lleva responsabilidad si omite en un dictamen o en alguna inspección tendrá responsabilidad y sujeto a sanción”, detalló el legislador.
El dictamen especifica que los ingresos que se obtengan de estas multas se destinarán a la integración de fondos para el desarrollo de programas ambientales.
Priscila Franco Barba, diputada de Movimiento Ciudadano, argumentó que la medida es clave en el saneamiento del Río Santiago, sostuvo que con esta reforma se elimina la simulación del cumplimiento de la normativa ambiental.
“Estamos dando mayor claridad a los particulares para combatir la discrecionalidad con la que pudieran actuar las autoridades ambientales estatales o municipales. Se fortalece la normatividad para que la autoridad ambiental cuente con certeza jurídica”, comentó.
El paquete de reformas hace ajustes a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la Ley de Gestión Integral de los Residuos y la Ley de Agua del Estado. Actualmente, la sanción máxima contemplada en la legislación local es de 80 mil 600 pesos.
LS