Buscan promover donación de alimentos con incentivos fiscales estatales
El Congreso de Jalisco avaló este viernes modificaciones a la Ley Agroalimentaria del Estado
Con la intención de incrementar la donación de alimentos, el Congreso de Jalisco avaló modificaciones a la Ley Agroalimentaria del Estado para incluir la obligación de fomentar el rescate y donación de alimentos nutritivos y de calidad del sector agroalimentario a favor de la población más necesitada.
La reforma facultó a la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco para proponer incentivos y adecuaciones fiscales, sobre impuestos estatales, en favor de los productores de alimentos que hagan donaciones en especie. Además, deberá promover las donaciones en el sector para reducir la pérdida y desperdicio.
La Agencia debe elaborar un registro de donadores y proponerle a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social estrategias para la recolección de alimentos que se ofrezcan en donación, generar esquemas de acopio y distribución.
El Gobierno del Estado y Ayuntamientos deberán monitorear sus programas de manejo de residuos, para identificar casos de desperdicio de alimentos en buenas condiciones, con la finalidad de promover acciones preventivas para su rescate y aprovechamiento mediante la donación. Los gobiernos municipales, conforme a su capacidad presupuestal, deberán promover acciones para apoyar lo operación de las instituciones autorizadas para la donación de alimentos.
La iniciativa del diputado Esteban Estrada Ramírez refiere que la población que no tiene ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta básica subió con la contingencia por COVID-19 y citó la campaña “Jalisco sin hambre” que se aplicó en la etapa más crítica del aislamiento social.
Según la medición hecha por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en los últimos dos años, cayeron en condición de pobreza 347 mil 660 jaliscienses. En el caso de la pobreza extrema, se reportaron 251 mil 831 personas en esa condición, lo que representa 62 mil 745 personas más que en 2018.
De acuerdo con los criterios del Coneval, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias básicas; y además tiene al menos una carencia social entre indicadores como: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
JM