Bajan volumen a ruidosos en Guadalajara

Luego de las adecuaciones hechas a la Ley Estatal del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente, mejor conocida como “Ley antirruido”, el Ayuntamiento tapatío arrancó la noche del viernes los operativos para vigilar que los establecimientos no rebasen los decibeles permitidos.

Unos 80 elementos de áreas como Jefatura de Gabinete, Inspección Ambiental, Reglamentos y Espectáculos, Comisaría municipal y Policía estatal visitaron las zonas de Chapultepec, Providencia, Chapalita, Ladrón de Guevara y Atlas, donde verificaron que bares y restaurantes no superaran los niveles de ruido establecidos en la legislación que fue recién adecuada.

De acuerdo con el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, los recorridos iniciaron con la finalidad de que las personas comiencen a tener conocimiento de los ajustes hechos a los reglamentos para la Protección de Medio Ambiente y Cambio Climatológico; para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios; y el de Policía y Buen Gobierno.

“El operativo será permanente. A partir de las modificaciones será algo que haremos constantemente. Vamos a estar revisando estos corredores y lugares donde tengamos mayor índice de quejas para poder estar checando que los restauranteros y los dueños de negocios puedan entender que se puede aprovechar Guadalajara en esta materia, pero sin causar molestias a los vecinos”, destacó el primer edil.

Del Toro explicó que los 20 sonómetros que se utilizaron en el operativo ya fueron calibrados para que no sólo midan el sonido del bullicio de las personas.

Durante la jornada también se supervisó que los establecimientos operaran en regla de manera general, por lo cual los trabajadores del Ayuntamiento verificaron que los negocios contaran con licencia vigente, que no permitieran el ingreso a menores de edad, que prohibieran fumar en su interior y que los servicios de valet parking estuvieran regularizados, entre otros puntos.

De los 12 bares sancionados, 10 de ellos fueron por ruido. Sin embargo, sólo un espacio fue clausurado por permitir la entrada a menores.

A partir de los cambios hechos por los municipios para poner en marcha la “Ley antirruido”, quienes infrinjan el nivel de decibeles autorizados podrían ser acreedores a multas que van de los dos mil 534 a los 45 mil 245 pesos.

“Se fueron y no dejaron propina”

En menos de una hora todos ya estaban afuera. Las sillas quedaron montadas unas sobre otras, acomodadas en un rincón al lado de las mesas. La palabra “clausurado”, en letras naranjas, podía leerse a la distancia. Los inspectores colocaron el letrero en la entrada del establecimiento, mientras bartenders, meseros y el personal de seguridad miraban con atención y pesar.

Era la una de la madrugada y alrededor de 50 personas llegaron al bar de la Avenida Chapultepec y la calle Vidrio: uno de los que más reportes por ruido tienen, según el alcalde Ismael del Toro. Cinco patrullas estatales y municipales se estacionaron en la zona y de ellas descendieron alrededor de 30 policías, sin contar los inspectores, directores, regidores y el propio alcalde.

La amplia movilización no pasó desapercibida y los trabajadores de inmediato redujeron el volumen, pero la medición ya estaba en curso y “pescó” 70 decibeles: cinco más que los permitidos por la recién aprobada “ley antirruido”. Esa fue la primera falta.

La cuadrilla entró al establecimiento; los policías directo a los baños y dos inspectores solicitaron al gerente que mostrara la licencia. Otros funcionarios verificaron identificaciones entre una densa capa de humo de cigarro. Esa fue la segunda falta.

La gente, asombrada de ver oficiales armados en el lugar, reaccionó. “Ya estuvo que clausuraron”, se escuchó decir a un joven.

Su frase fue certera, pues los inspectores notaron que había menores de edad ingiriendo alcohol adentro del establecimiento y, además, la licencia tenía irregularidades. Esas fueron la tercera y cuarta faltas.

Las autoridades se acercaron a la tornamesa y pidieron apagar la música. Los meseros comenzaron a cobrar cuentas y explicar a sus clientes la irremediable clausura en puerta.

Chiflidos y consignas de molestia volvieron a activar el medidor de ruido mientras el personal de seguridad se ubicó en la puerta para evitar que alguien se fuera sin pagar. Y en menos de cinco minutos, la barra se llenó de vasos, latas y botellas de cerveza. “Se fueron y no dejaron propina”, dijo un empleado al mirar la desolada escena.

El gerente, molesto, discutió con los funcionarios y el tono de su conversación escaló. “No es justo que me quieran cerrar. Dejen un apercibimiento y mañana paso a regularizarme, pero no es justo que me cierren”, les dijo. “No vamos a discutir. No hagamos esto más complicado, firma el acta y mañana un juez calificador te dice cuánto vas a pagar de multa”, le respondió un inspector.

Todo ocurrió en menos de 60 minutos, los empleados tomaron sus mochilas y salieron para observar la colocación de sellos, con la zozobra de no saber cuándo regresarán a trabajar y recuperar las propinas que el robusto operativo impidió que llegaran.