Autoridades omiten medición de riesgos de mujeres víctimas de violencia
Denuncian que las medidas y órdenes de protección que emiten los jueces y el Ministerio Público suelen no ser adecuadas a la situación de riesgos de la víctima
La emisión de órdenes de protección a mujeres en el Estado de Jalisco presentan "omisiones graves" en la medición de riesgos de las víctimas, es decir, que las medidas y órdenes de protección que emiten los jueces y el Ministerio Público suelen no ser adecuadas a la situación de riesgos de la víctima, según determinó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en su "Informe especial sobre órdenes y medidas de protección para mujeres receptoras de violencia en Jalisco".
La Comisión indicó que el nivel de riesgo tanto de la mujer, como de las víctimas indirectas relacionadas, debe ser concebido como "un mecanismo o un modelo que sea capaz de visibilizar factores de riesgo relacionados con la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial o económica de la mujer que vive una situación de violencia y que requiere de una orden de protección".
Por ello, la CEDHJ recomendó a las autoridades encargadas de la emisión de alguna medida u orden de protección un rediseño del mecanismo, la metodología y el instrumento con que se mide el nivel de riesgo de las mujeres receptoras de violencia, para lo cual sugirió "generar espacios de trabajo con personas expertas en el tema de diferentes disciplinas y ámbitos, académicos, así como con instituciones del gobierno y organizaciones de la sociedad civil que puedan aportar al nuevo mecanismo, además de capacitar al personal para la correcta identificación de los riesgos".
Otras de las omisiones detectadas por la comisión se encuentran la tardanza en la investigación de averiguaciones previas o carpetas de investigación relacionadas con delitos de violencia contra las mujeres, omisión en el cumplimiento de las órdenes de protección otorgadas, falta de equipamiento y desarrollo de tecnología necesaria para la notificación y seguimiento de las órdenes.
La CEDHJ identificó también que las cargas de trabajo sobrepasan las capacidades operativas de las instituciones, además de que no hay coordinación e intercomunicación interinstitucional policial entre los tres órdenes de gobierno y las agencias ministeriales.
Otro de los puntos recomendados por la CEDHJ es la creación de una base de datos con expediente único, en la que se empleen los recursos y capacidades actuales tecnológicos como el C5 para contar con datos organizados y desagregados por género, nivel socio económico, educativo y situación de la vivienda, para analizar las condiciones en las que viven las mujeres.
Entre las proposiciones hechas la Comisión instó al Congreso Estatal a reformar la la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer mecanismos eficientes para supervisar el cumplimiento de las medidas otorgadas, armonización bajo el principio de máxima protección en cuanto a la tipificación como delito de las violaciones de órdenes de protección.
A la Fiscalía Estatal la elaboración de un expediente único de atención del Centro de Justicia para las Mujeres, el diseño de un formato de emisión de la orden de protección, en el que se incluyan el nivel de riesgo, datos de contacto de la mujer y del agresor, así como los sitios que frecuenta.
Al Centro de Justicia para las Mujeres se le instó a eficientar los procesos y tiempos para la elaboración de un plan de emergencia y, en su caso, de la orden de protección, dotar al centro de recursos y personal capacitado y dotar de espacios suficientes para la estancia del personal y las usuarias, mientras que al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se le propuso, entre otros temas, la formación y capacitación de peritas y peritos especializados para la valoración psicológica de las mujeres.
JM