Aspirantes a Unidad de Vigilancia presentan propuestas a diputados
El proceso se realiza se manera remota, luego de ser pospuesto varios meses debido a la contingencia sanitaria
Cinco aspirantes a la titularidad de la Unidad de Vigilancia atendieron la fase de entrevistas ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, a quienes presentaron sus razones de idoneidad y mostraron sus propuestas de trabajo.
El primero fue Israel García Íñiguez, quien trabajó durante 13 años la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ); en Zapopan, en un proyecto de armonización contable y como enlace de transparencia, entre otros puestos.
Como proyecto explicó que coordinará acciones para una transición de Unidad de Vigilancia hacia una Unidad de Evaluación y Control que funja como órgano técnico de la Comisión de Vigilancia y el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y como órgano interno de control de la ASEJ.
El segundo aspirante fue Juan Sánchez Beas, licenciado en contaduría desde hace 13 años con experiencia en derecho administrativo. Forma parte del servicio público desde junio de 2017, al integrarse a la ASEJ.
Sánchez propuso evaluar al personal de la Unidad y capacitar al que tenga debilidades; establecer un plan anual de trabajo y comunicación con la ASEJ, así como fortalecer los aspectos técnicos de la Comisión de Vigilancia.
Eduardo Meza Rincón fue el tercer entrevistado. Él es abogado egresado de la UdeG con 22 años en el servicio público, en el Poder Judicial en los Juzgados Penales, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) así como en ayuntamientos.
Propuso auxiliar a la Comisión de Vigilancia y constituirse en un órgano interno de control de la ASEJ. Aclaró que no pretende modificar la plantilla laboral de la Unidad, sino mejorar la capacitación del personal para auxiliar a la Comisión en sus responsabilidades.
El cuarto aspirante fue Luis Alberto Vázquez Arias, licenciado en Derecho por la Universidad de América Latina que participó en la administración pública desde 2010 en ayuntamientos y en el IEPC en el área jurídica y en apoyo al órgano interno de control.
Propuso generar protocolos y manuales de organización y procedimientos en la Unidad de Vigilancia; y a corto plazo, aplicar matrices de desempeño para los integrantes de la Unidad de Vigilancia y de la ASEJ, de acuerdo a sus atribuciones.
El siguiente aspirante a entrevistar sería Jorge Alejandro Aguirre González, quien no atendió pese a haber sido notificado; le siguió Olimpia del Carmen López Casillas, quien aclaró que declinó su participación desde el 13 de junio.
Así, el quinto entrevistado fue Fernando Radillo Martínez Sandoval, abogado por la UdeG con dos maestrías, en derecho tributario y en derecho público por la Universidad Panamericana, un máster en Barcelona y con un doctorado del que aún no se titula donde trabaja un proyecto sobre una auditoría con características de tribunal.
Entre su experiencia profesional está el Tribunal de Justicia Administrativa, en el Servicio de Administración Tributaria, donde participó en el desarrollo de las auditorías, así como en cuatro contralorías municipales y del estado.
Su plan de trabajo contempla participar de manera conjunta en las actividades de la ASEJ como las de la Comisión de Vigilancia; emitir recomendaciones al auditor y que la designación de los visitadores sea aleatoria para eliminar los vínculos que generen corrupción.
También propuso llevar una estadística para determinar el cumplimiento de los entes públicos fiscalizados y la rendición de cuentas a través de la transparencia, para lo que revisará si hay divergencias entre lo auditado y las páginas de transparencia de los entes.
Tras las entrevistas a cada uno, los participantes respondieron los cuestionamientos de los integrantes de la comisión, presidida por la diputada Mirza Flores, y en la que participaron también tres integrantes del Comité de Participación Social del SEA, que incluyó a su presidenta, Lucía Almaraz.
El proceso de entrevista había sido pospuesto por varios meses debido a la contingencia sanitaria; no obstante, el pleno del Congreso permitió que se reanudara al hacerlo de manera remota.
NR