Analizan eliminar sueldo de integrantes del CPS anticorrupción
El diputado panista, José de Jesús Hurtado Torres, presentó la iniciativa y expone que el hecho de que esos funcionarios no perciban ingresos económicos los dotaría de mayor imparcialidad
Con el argumento de que abonaría a la imparcialidad del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (Seajal), fue presentada en el Congreso del Estado una iniciativa para que los integrantes del Comité de Participación Social (CPS) no reciban salario y el cargo sea honorífico. La propuesta del diputado panista, José de Jesús Hurtado Torres, expone que el hecho de que esos funcionarios no perciban ingresos económicos los dotaría de mayor imparcialidad, advierte que actualmente se les permite tener ingresos en áreas académicas.
Luego de subrayar la necesidad de garantizar la autonomía del CPS, en la justificación del proyecto de reforma se subraya que el Comité ha participado emitiendo opiniones técnicas en procesos de nombramientos de diversos cargos.
"El que no reciban prestación económica contribuyen su caso un proceso de verdadero apoyo a la contribución del combate a la corrupción, es menester decir que el comité seleccionador No devenga sueldo y es quién elige a estos consejeros. Razón por lo cual no inhibe que las personas que sean electos consejeros y consejeras evidentemente perciban ingresos en otras áreas", expuso el legislador.
La propuesta no sería retroactiva y en caso de aprobarse comenzará a aplicar a partir del integrante del CPS que se nombrará en octubre próximo. Diputados de Movimiento Ciudadano, Morena y del PAN; se adhirieron a la iniciativa que se envió a comisiones legislativas para su dictaminación.
El Comité fue creado en 2018 y sus integrantes recibieron sueldo de 88 mil pesos vía contrato de prestación de servicios. Actualmente conforman el comité Lucía Alcaraz Cázarez, que lo preside, Annel Vázquez Anderson, Jesús Ibarra Cárdenas, Nancy García Vázquez y David Gómez Álvarez.
Acortan plazos
Diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos aprobaron una modificación a la Ley estatal de Justicia Administrativa para acortar de 15 días a sólo 48 horas, el plazo máximo que tenga un juez para pronunciarse respecto a posibles sanciones contra servidores públicos denunciados por faltas graves.
La legisladora de Morena, Érika Pérez García, detalló que esa reducción de término podrá aplicar en procesos por denuncias de delitos como peculado, desvío de recursos o abuso de funciones; entre otros. Esta reforma aún debe ser votada en el pleno del Congreso local.
LS