Agentes de Guardia Nacional atacan a militantes del PRI
El vehiculo donde circulaban dos candidatas a regidoras de Villa Purificación recibió disparos después de que su chofer, que resultó herido, ignorara la indicación de detenerse
Elementos de la Guardia Nacional dispararon en contra de una camioneta en la que viajaban dos candidatas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a regidoras en Villa Purificación.
El instituto político informó que en el vehículo también se trasladaban otras tres mujeres y un hombre que resultó herido.
El Comité Directivo Estatal del PRI denunció que el hecho se documentó alrededor de las 10:00 horas de ayer, y de acuerdo con la versión de las aspirantes Honeida Alvarado Ramírez y Perla Rosario Gómez Ramírez, fueron atacadas por un convoy de la corporación federal cuando se desplazaban por el Centro del municipio jalisciense.
Señalaron que los agentes las seguían a bordo de cuatro vehículos. Compartieron que por el nerviosismo que les provocó su presencia, no se detuvieron. Entonces los uniformados abrieron fuego.
“En el hecho, desgraciadamente, resultó herido uno de nuestros colaboradores, quien manejaba la camioneta y se encuentra hospitalizado”, señaló el tricolor a través de un comunicado.
También exigió a la Fiscalía del Estado, a la Fiscalía General de la República y a la propia Guardia Nacional abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido.
“Desgraciadamente, este lamentable hecho refleja el absoluto desorden que impera en Jalisco en medio del proceso electoral. Hoy no hay coordinación entre los partidos, las autoridades electorales y las autoridades de los distintos niveles de Gobierno para garantizar la seguridad de todos quienes participamos en este proceso”, afirmó la dirigencia del PRI.
También demandó a las autoridades su intervención urgente para establecer medidas de seguridad de cara al cierre de las campañas electorales.
La semana anterior, este medio de comunicación publicó que debido a que el clima de violencia no ha parado en el actual proceso electoral, el Gobierno de Jalisco indicó que recibió 16 solicitudes de candidatos que buscan protección por considerar que su seguridad está en riesgo.
Laura Haro, quien quiere llegar a Casa Jalisco de la mano de la coalición que conforman el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pidió reforzar su seguridad luego del homicidio de Humberto Amezcua, ocurrido el 15 de marzo en el municipio de Pihuamo.
Amezcua perdió la vida a tiros luego de presentar la planilla con la que pretendía encabezar otro periodo al frente del Gobierno municipal.
La autoridad no detalló quiénes son los otros políticos que buscan mayor resguardo. Sin embargo, precisó que primero tienen que acudir con las instancias electorales correspondientes.
“Los interesados deberán presentar su solicitud a las autoridades electorales y estas las turnarán a las áreas de seguridad federales y estatales para su atención”, explicó el Ejecutivo.
Si bien serán los miembros del Ejército y de la Guardia Nacional los que estarán a cargo del bienestar de aspirantes a gubernaturas, senadurías y diputaciones federales, en el caso de los interesados en llegar a las alcaldíasrecibirán la supervisión de policías estatales e incluso municipales.
Los partidos que participan en el actual proceso electoral en la Entidad indicaron que son 13 los municipios de Jalisco que son vistos como puntos rojos.
Estos son Jilotlán de los Dolores (que en los pasados comicios se quedó sin renovar alcalde por la inseguridad), Teocaltiche, Encarnación de Díaz, La Huerta, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Yahualica, Pihuamo, Tecalitlán, Ayutla, Tomatlán, Huejuquilla y Mezquitic.
Esta no es la primera vez que ocurre algo así. En abril de 2023, efectivos de la Guardia Nacional dispararon contra la camioneta en la que viajaba una familia por calles de Nuevo Laredo. Mataron a una joven embarazada que estaba a un mes de dar a luz, a su bebé y a un hombre de 54 años.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pagó más de 115 millones de pesos en compensaciones por violaciones a los derechos humanos que cometieron autoridades federales.
Entre las señaladas están la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la extinta Procuraduría General de la República.