Advierten segunda impugnación por integración de Sala Superior del TJA
El magistrado Armando García dijo que acudirá a la evaluación del CPS del Sistema Anticorrupción, aunque señaló que se debe dar a conocer quién y cómo lo califican
Con la advertencia de que se amparará en caso de que se impongan criterios políticos y no se valore la carrera judicial, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Armando García Estrada, acudió al Congreso del Estado como parte del segundo proceso para nombrar al tercer integrante de la Sala Superior del Tribunal. El juzgador defendió su decisión de recurrir a la vía jurídica, dijo que acudirá a la evaluación del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, aunque señaló que se debe dar a conocer quién y cómo lo califican.
García Estrada impugnó ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo los nombramientos de Avelino Bravo Camacho y José Ramón Jiménez que fueron elegidos por el Congreso en diciembre pasado como integrantes de la Sala Superior del TJA. Insistió en que los legisladores no valoraron la experiencia y carrera judicial de los perfiles.
"Mi carrera judicial de 30 años no puede ser borrada de la noche a la mañana de no ser considerado magistrado, cuando fui designado en el 2005 y ratificado por la Suprema Corte de Justicia en el 2007. Las cuestiones mediáticas no son las que resuelven los juicios y quien es juzgador tiene que estar ajena a ese tipo de presiones y mis decisiones son jurídicamente validas mientras alguien me demuestre lo contrario", comentó.
El titular de la Cuarta Sala Unitaria del TJAE advirtió que las resoluciones en segunda instancia del Tribunal están paralizadas, con asuntos sin resolver, porque la Sala Superior está incompleta.
Comparecen aspirantes
Para cumplir con el requisito de la convocatoria, los aspirantes a magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa comparecieron ante la Comisión de Justicia en el Congreso. En lista de 49 candidatos inscritos, 36 participaron en proceso realizado en diciembre pasado cuando el nombramiento no se concretó por la falta de acuerdos entre los legisladores. Por su parte el Comité de Participación Social del SAE tiene hasta 30 días para emitir su dictamen técnico de evaluación, tras revisar los expedientes de los abogados. El magistrado debe ser nombrado a más tardar el ocho de marzo y ocupará el cargo por periodo de cinco años.
LS