A un año de “levantones”, sólo un agente en prisión
Cinco involucrados que un día pisaron la cárcel hoy enfrentan su proceso en libertad
Mañana 5 de junio se cumple un año de que elementos de la Fiscalía estatal privaran ilegalmente de la libertad a decenas de jóvenes que buscaban manifestarse en las inmediaciones del recinto para exigir justicia por el homicidio de Giovanni López, asesinado por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos presuntamente por no usar cubrebocas durante la pandemia de COVID-19, y para exigir la liberación de los jóvenes que habían sido detenidos en una protesta desarrollada un día antes por el homicidio del joven.
Sin embargo, tras estos hechos que fueron considerados como "violaciones graves de los derechos humanos", por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) solo hay una persona en prisión, pese a que en las cuatro carpetas de investigación que abiertas por la Fiscalía Anticorrupción del Estado hay ocho agentes de la Fiscalía Estatal señalados por su presunta participación en estos hechos.
Se trata de Salvador "N", quien el pasado 13 de junio fue enviado a prisión preventiva por un año como medida cautelar y dos meses más para la investigación complementaria por el delito de abuso de autoridad, por estar presuntamente relacionado con los levantones sucedidos la tarde de ese 5 de junio.
“Él decidió acudir a un medio de impugnación, un amparo, que extendió el trámite por 10 meses, después de ese tiempo se le concede el amparo para efecto de que se vuelva a discutir su vinculación a proceso y con él regresamos a audiencia, donde se le vuelve a vincular y se le vuelve a determinar prisión preventiva, y estamos en la etapa de prisión complementaria. En los próximos días se discutirá si tiene el beneficio de acceder a la suspensión condicional del proceso”, expresó el fiscal Anticorrupción, Gerardo De la Cruz Tovar.
A esta suspensión condicional del proceso sí pudo acceder en septiembre pasado Raúl N", otro mando de la dependencia estatal quien había sido enviado a prisión el 9 de junio también por el delito de abuso de autoridad, sin embargo, gracias a dicho recurso enfrenta el proceso en libertad, aunque se encuentra "a prueba"; pese a que puede volver a laborar en la Fiscalía, no podrá portar armas ni participar en operativos.
Óscar Francisco "N", encargado jurídico de la Policía Investigadora (J4); Rubén "N", quien el día de los hechos fungía como el encargado del ingreso y salida de las personas detenidas en la Fiscalía Estatal; Noé "N", comandante de Delitos Varios, y Jairo "N", policía investigador, también están vinculados a proceso por abuso de autoridad, aunque lo enfrentan igualmente en libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria, explicó De La Cruz Tovar.
Además de ellos hay otros dos mandos que están en espera de la fecha en la cual habrá de celebrarse la audiencia inicial, pues según refirió el Fiscal Anticorrupción, debido a la contingencia ocasionada por la COVID-19 se aplazaron las fechas para el desarrollo de los juicios “no urgentes”. También aseguró, continúan elaborándose análisis biométricos para establecer si participaron más elementos pues en las más de 100 horas de grabaciones obtenidas por la Fiscalía Anticorrupción, de acuerdo con De La Cruz Tovar, se observan varios agentes con pasamontañas, de los cuales no se ha podido establecer su identidad.
Las indagatorias, dijo De La Cruz Tovar, han continuado desde la Fiscalía Anticorrupción pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso para determinar lo sucedido, pese a que la dependencia no ha brindado información del caso aun cuando el pasado 16 de julio el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo durante su visita a Jalisco que solicitaría un informe para conocer la situación del caso.
Por otra parte, si bien se habló de decenas de jóvenes que habían sido plagiados por los agentes estatales en camionetas oficiales y otras cuantas encubiertas, solo 11 decidieron declarar en las investigaciones que sigue la Fiscalía Anticorrupción respecto de lo sucedido y hasta el momento, aseguró, las víctimas han evitado continuar el proceso, lo cual dificulta a la Fiscalía Anticorrupción el establecimiento de los montos de la reparación integral del daño, aunque a algunos de los jóvenes ya se les restituyeron lo bienes que los policías les habían quitado mientras los tenían cautivos.