Magistrados piden detener la "guerra antidroga" de Duterte
Los juristas calificaron de "ilegales" las operaciones policiales que han dejado más de tres mil muertos en Filipinas
Un grupo de magistrados pidió hoy ante el Tribunal Supremo de Filipinas poner fin a la campaña contra las drogas puesta en marcha por el presidente Rodrigo Duterte, tras calificar de "ilegales" las operaciones policiales que han dejado más de tres mil muertos según las autoridades.
La directiva del gobierno filipino para la guerra contra las drogas, iniciada hace 15 meses, permite que la policía "neutralice" a sus objetivos, lo que les concede licencia para matar a supuestos narcotraficantes con total impunidad y sin tener que reunir pruebas que demuestren su culpabilidad, denunciaron.
La práctica de crear listas con las denominadas como "personalidades de la droga" y de animar a los ciudadanos a delatar a sus vecinos es equivalente a crear una "lista negra", señaló la denuncia presentada este miércoles.
Los magistrados han solicitado la intervención de la Justicia filipina en los miles de casos en los que personas inocentes han muerto a manos de la policía.
"La guerra contra las drogas que está llevando a cabo el gobierno no va a parar el narcotráfico, el crimen y la corrupción", aseguró José Manuel Diokno, presidente de Free Legal Assistance Group (FLAG), la asociación legal que ha presentado el escrito ante el tribunal.
"Sólo va a resultar en la muerte de más y más personas, sobre todo entre los más pobres", sostuvo.
La denuncia de FLAG se ha producido en un momento en el que el escrutinio público sobre la campaña antidroga ha aumentado considerablemente.
La campaña contra las drogas de Duterte, iniciada el mismo día de su investidura, el 30 de junio de 2016, ha provocado la muerte de al menos siete mil presuntos traficantes y adictos a las drogas, muchos de ellos a quemarropa, lo que ha generado fuerte críticas de comunidad internacional y organizaciones humanitarias.
No obstante, Duterte ha asegurado en varias ocasiones que no cesará en su lucha contra las drogas y que está "dispuesto a ir a la cárcel" con tal de proteger a los filipinos de crímenes relacionados con las adiciones.
El portavoz de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), Diodardo Carlos, señaló que "aplaude la presentación de la petición ante el Tribunal Supremo".
A pesar de que la mayoría de los filipinos apoyan las medidas de Duterte, las últimas encuestas de opinión muestran que el presidente ha sufrido una importante caída en popularidad debido a la cantidad de muertes que ha dejado su campaña contra la droga.
De acuerdo con los datos de la PNP, unas tres mil 900 personas han muerto en operaciones policiales por resistirse de manera violenta a los arrestos.
La oposición de Duterte, por el contrario, asegura que el número de muertes es mucho mayor y que se están cometiendo ejecuciones extrajudiciales.
La mayoría de los siete mil tráficantes ilegales de drogas, vendedores y drogadictos han perdido la vida a manos de grupos autodenominados justicieros, aunque algunas organizaciones, como Amnistía Internacional (AI), estiman que el número de muertos por la lucha de Duterte contra el narco supera los 12 mil.