La difícil lucha por la justicia en la guerra antidroga de Filipinas
La lucha contra el crimen organizado ha dejado más de seis mil muertos, la mayoría hombres pobres sin vínculos claros con el narcotráfico
Hace seis años, cuatro policías se internaron en su barriada de Manila y mataron al marido y al hijo adolescente de Mary Ann Bonifacio. Aunque teme por su vida, esta mujer filipina sigue luchando para conseguir justicia.
Bonifacio ha recurrido a los tribunales para demostrar que los asesinatos fueron ilegítimos, en un raro ejemplo de policías enfrentados a juicio por la guerra contra las drogas desplegada por el presidente saliente de Filipinas, Rodrigo Duterte.
Los datos oficiales indican que más de seis mil 200 personas han muerto en operaciones antinarcóticos de la policía desde la llegada al poder de Duterte en 2016, prometiendo eliminar las drogas de este archipiélago del Sureste Asiático.
Pero organizaciones de defensa de derechos humanos estiman que miles de personas, mayoritariamente hombres pobres, murieron a manos de policías y vigilantes, incluso sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico.
La campaña ha sido ampliamente criticada y ha provocado una investigación internacional, pero solo tres policías han sido condenados por matar a un sospechoso.
Los abogados señalan que la mayoría de familias tienen demasiado miedo para enfrentarse a los agentes o no disponen del dinero o el tiempo para impulsar un caso en el destartalado sistema judicial filipino.
Vivir con miedo
Para Bonifacio, con otros cinco hijos, emprender acciones legales significó renunciar a una vida normal.
Por temor a los agentes que están en libertad condicional o a sus seguidores, la mujer ha cambiado de casa varias veces y se pasa la vida vigilando sus espaldas.
“Hay esa posibilidad” de ser asesinada, dice la mujer de 48 años, pero que aparenta más. “También tengo que pensar en la seguridad de mis hijos”, añade Bonifacio, que se dedica a lavar ropa y limpiar casas para llegar a fin de mes.
En 2017 presentó una querella criminal por asesinato, defendiendo que su marido Luis, un decorador desempleado, y su hijo Gabriel, camarero, no estaban metidos en drogas y estaban desarmados cuando la policía abrió fuego.
Pasaron cuatro años hasta que el defensor del pueblo presentó cargos de homicidio (menos grave que asesinato) contra los policías al entender que sus acciones “fueron más allá de la llamada autodefensa”.
Los agentes aseguraron que actuaron en “defensa propia” tras recibir disparos de los hombres y pidieron al tribunal archivar el caso por falta de evidencia.
En el juicio, Bonifacio debe sentarse junto a los denunciados por falta de espacio. El 9 de agosto los acusados deben testificar ante el tribunal.
“No los quiero muertos. Quiero que entiendan que lo que hicieron estaba mal y asegurar que no volverán a hacerlo a otra gente”, asegura.
Pero acceder a las pruebas custodiadas por la policía, la misma institución que despliega la guerra contra las drogas, supone una traba importante, señala su abogada Kristina Conti.
“Para este tipo de crímenes, el peso de la responsabilidad no puede recaer solamente en las víctimas o los supervivientes”, añade la letrada.
Raquel Fortun, una de los únicos dos especialistas en patología forense del país, ha estado trabajando con un cura católico y las familias para recoger pruebas con la esperanza de usarlas ante la justicia.
Ha examinado algunos restos exhumados de víctimas de la guerra contra las drogas, cuyos cuerpos fueron retirados de tumbas temporales e incinerados.
Sus hallazgos cuestionan el argumento más frecuente de la policía conforme los sospechosos “se resistieron”.
“Veo algunos casos en que hay heridas de bala en las muñecas, en los antebrazos, en las manos y estas son lo que típicamente llamaríamos heridas de autodefensa”, explica.
“Instintivamente el individuo levanta el brazo o la mano. ¿Cómo esa persona puede haberse resistido?”, añade.
“Continuaremos luchando”
En el apogeo de la guerra antidrogas, había asesinatos casi “cada noche” en su precaria barriada, explica Bonifacio.
Traumatizado, su hijo más pequeño, que ahora tiene 13 años, se despierta muchas noches llorando por pesadillas en las que la policía lo persigue y trata de matarlo.
Cuando Duterte sale por la televisión, apaga rápidamente el aparato. Y si ve un agente por la calle, huye corriendo.
La familia cierra con llave la puerta de casa al atardecer, baja de un autobús si sube algún hombre con aspecto de policía y realiza breves y rápidas visitas al cementerio por temor a ser atacada.
Bonifacio admite que los policías que dispararon a su marido y su hijo siguieron “el procedimiento adecuado” de las autoridades en las llamadas operaciones de narcotráfico, pero culpa al presidente saliente por dar la orden de matar a los sospechosos.
“Creo que él debería ir a prisión también”, asegura.
Duterte, que perderá su inmunidad judicial cuando deje la presidencia el jueves, ordenó abiertamente a la policía matar a un sospechoso de narcotráfico si las vidas de los agentes estaban en peligro.
Recientemente, el presidente expresó su deseo de que su sucesor Ferdinand Marcos Jr, hijo del exdictador homónimo, mantenga esta política aunque él mismo ha admitido que ha fracasado en el objetivo de eliminar las drogas.
“Continuamos sufriendo el problema de las drogas. No desaparecerá por la tentación de los billones para los traficantes”, dijo Duterte.
El dirigente ha rechazado cooperar con una investigación de la Corte Penal Internacional por su campaña.
El secretario de Justicia, Menardo Guevarra, dijo en marzo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que su oficina estaba analizando cientos de operaciones antidroga que terminaron con los sospechosos muertos.
En solo cinco de ellas se presentaron cargos, indicó.
Pero Bonifacio está determinada en seguir su propia búsqueda de justicia, aunque solo sea para evitar que otra familia se enfrente a su desesperación.
“Continuaremos luchando”, asegura.
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