Jefe de CICIG renunciaría si continúa la misión en Guatemala
El jurista Iván Velásquez dijo estar dispuesto a dejar el cargo, siempre que se garantice el papel del organismo en la lucha contra la corrupción
El titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), el jurista colombiano Iván Velásquez, dijo estar dispuesto a renunciar a su mandato, siempre y cuando se garantice el papel del organismo en la lucha contra la corrupción en ese país centroamericano.
Velásquez encabeza la comisión, dependiente de Naciones Unidas, a la que el presidente guatemalteco Jimmy Morales expulsó del país la semana pasada, tras varios meses de confrontación que han llevado incluso al Ejecutivo a un conflicto con la Corte de Constitucionalidad, la cual respalda la permanencia de la Cicig.
"Si el gobierno (del presidente Morales) garantiza que la Cicig pueda continuar cumpliendo cabalmente su mandato, yo no tengo problema en renunciar", dijo Velásquez en una entrevista con la prensa colombiana y reproducida por medios guatemaltecos.
Velásquez permanece fuera de Guatemala debido a una prohibición de ingreso en su contra, emitida en septiembre de 2018 por el gobierno de Morales, que adujo "razones de orden y seguridad pública".
El jurista dijo que "en realidad, el problema no es mi permanencia ni la de la Cicig. El problema es que (las autoridades guatemaltecas) requieren garantizarse impunidad a como dé lugar, y para ello requieren recuperar el control absoluto de la Fiscalía y del organismo judicial".
Desde agosto de 2017, el gobierno de Morales pidió a la ONU quitar a Velásquez de la jefatura de la Cicig, y al no obtener la medida, le prohibió el ingreso a Guatemala en septiembre, en una decisión que fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC).
El propio Morales dispuso que el convenio con la Cicig terminara el 3 de septiembre de 2019, pero luego adelantó de manera abrupta el término del convenio.
Debido a que la CC emitió fallos en contra de las órdenes del presidente Morales y de la canciller Sandra Jovel, el Ejecutivo pidió la destitución de los magistrados.
"Muchas personas en Guatemala están haciendo todo lo posible para que no se pueda continuar el trabajo de la Comisión. Desde el segundo semestre del 2016 empezó una muy agresiva campaña de desprestigio y de desinformación a través de redes sociales y lobbies que se hicieron en Estados Unidos", dijo Velásquez.
Consideró que las investigaciones de la Cicig no podrán terminarse antes de septiembre, y agregó que para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala es necesaria una "voluntad fuerte" del gobierno de Guatemala, "que no existe ahora".
CE