Hallan a 565 personas esclavizadas en secta religiosa brasileña
La "Comunidad Evangélica Jesús, la Verdad que Marca", es investigada desde 2013 por tener a personas sometidas a condiciones inhumanas de trabajo, con horarios exhaustivos, a cambio solo de alimentación y vivienda
Una operación de fiscalización del Ministerio de Trabajo de Brasil permitió hallar hoy a 565 personas que eran sometidas a condiciones análogas a la esclavitud en haciendas de propiedad de una secta religiosa brasileña, informaron fuentes oficiales.
Los trabajadores sometidos al trabajo análogo al de esclavo, así como otros 438 que trabajaban sin contrato formal y 32 menores ejerciendo actividades prohibidas, prestaban servicios a una secta religiosa conocida como "Comunidad Evangélica Jesús, la Verdad que Marca", informó el Ministerio en un comunicado.
La fiscalización fue realizada este jueves simultáneamente en haciendas del grupo religioso en 15 diferentes municipios de los estados de Sao Paulo, Minas Gerais y Bahía.
La secta es investigada desde 2013, cuando ya habían sido hallados en sus haciendas otras 348 personas sometidas a condiciones inhumanas de trabajo, con horarios exhaustivos, muchas veces a cambio solo de la alimentación y la vivienda.
Los fiscales constataron que la práctica continuaba con un mayor número de trabajadores.
La investigación estableció que los trabajadores fueron reclutados en Sao Paulo por líderes de la secta que los convencían a donar sus bienes a las asociaciones controladas por el grupo religioso y a establecerse en comunidades rurales en donde compartirían todo.
Una vez reclutados, eran trasladados a haciendas para trabajar en cultivo agrícolas y en establecimientos como talleres mecánicos, puestos de gasolina, pastelerías, restaurantes y talleres de confecciones, todos de propiedad de los líderes de la secta.
"En todas las operaciones de combate al trabajo esclavo, las víctimas, cuando llegan los fiscales y los policías, dicen que quieren ser liberados. Pero este caso no es común porque las personas fueron adoctrinadas y nos recibieron como si fuésemos el demonio", relató el fiscal Marcelo Campos, que coordinó la operación.
"Ellos creen que en estas haciendas están protegidos del fin del mundo, lo que hace más difícil la situación en que están".
"Además de que les niegan los derechos laborales, son engañados". "No quieren salir. Dicen que es una maravilla y el sueño de sus vidas", agregó.
El fiscal dijo que los propietarios fueron detenidos y acusados penalmente de diferentes delitos pero que los trabajadores solo podrán ser retirados de las haciendas cuando manifiesten ese deseo.
"Durante la investigación llamó la atención el crecimiento patrimonial de los líderes de la secta y el gran aumento del número de fieles en los últimos cinco años", según el comunicado del Ministerio de Trabajo.
Los fiscales informaron de que, así las personas engañadas no lo quieran, obligarán a los dueños de los establecimientos a pagarles retroactivamente todos los salarios y las garantías debidas desde que fueron reclutados.
En la operación bautizada como "Canaan, la cosecha final" participaron 58 fiscales del Grupo Especial del Ministerio de Trabajo que combate el Trabajo esclavo y 220 agentes de la Policía Federal, que cumplieron 22 órdenes de arresto, 42 mandatos de registro y 17 de intervención de establecimientos comerciales.
La operación se produjo menos de tres meses después de que el Gobierno brasileño, presionado por organizaciones no gubernamentales y entidades internacionales, fuera obligado a modificar un decreto que dificultaba el combate a esas prácticas consideradas inhumanas.
La primera normativa, publicada en octubre del año pasado, generó una enorme ola de críticas a la que se sumaron desde grupos de derechos humanos hasta entidades multinacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que llegó a afirmar que Brasil ponía en riesgo dos décadas de "exitosas iniciativas" en el combate a esas prácticas.
El debate lo zanjó la Corte Suprema, que suspendió la vigencia de la normativa cuestionada, sobre la cual declaró que contenía algunos puntos que consideró de "clara inconstitucionalidad" y que podían obstaculizar el combate al trabajo esclavo.
SA