Guatemala prohíbe la entrada de comisionado anticorrupción
El presidente Jimmy Morales dispuso que se impida el ingreso del titular de la Cicig "por razones de orden y seguridad pública"
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dispuso hoy que "por razones de orden y seguridad pública" se impida el ingreso al país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez, quien el pasado 3 de septiembre viajó a Estados Unidos.
"Hay que tomar las medidas pertinentes para impedir el ingreso del señor Iván Velásquez al territorio nacional por cualquier puesto fronterizo"
La resolución de la Dirección General de Migración fue confirmada a Efe por una fuente de Naciones Unidas y en ella se explica que la orden emana del presidente y que hay que tomar "las medidas pertinentes para impedir el ingreso del señor Iván Velásquez al territorio nacional por cualquier puesto fronterizo".
Esta decisión se produce después de que la semana pasada Morales anunciara que no renovaría el mandato de la Cicig, que vence en septiembre de 2019, por supuestamente sembrar el terror judicial, llevar a cabo investigaciones sesgadas y partidarias y violar las leyes locales e internacionales.
La misiva, dirigida a todos los jefes delegados de migración y rubricada por la coordinadora de la Subdirección de Control Migratorio de la Dirección General de Migración, Raquel María Vicente, tiene fecha del lunes 3 de septiembre y pide girar las instrucciones "de forma inmediata".
"Esta instrucción ha de ejecutarse con la confidencialidad debida de conformidad con el artículo 60 del Código de Migración", añade la carta, que no ha sido ni confirmada ni desmentida por el Gobierno y que empezó a circular por redes sociales este martes, poco antes de ser confirmada a Efe por una fuente de Naciones Unidas.
Morales y la Cicig tienen una fuerte controversia desde el año pasado, que inició cuando el presidente intentó expulsar del país al abogado colombiano al declararlo non grato, una decisión que fue anulada por la Corte de Constitucionalidad.
Pero la tensión siguió aumentado con otras decisiones, como retirar a agentes de la seguridad perimetral de la sede de la Comisión, sacar a investigadores y aumentar los engorrosos trámites legales para solicitar el apoyo de la Policía Nacional Civil en los operativos que desarrolla con la Fiscalía.
JM