Ecuador vive nueva jornada de protestas
Inconformes con la eliminación de los subsidios a los combustibles bloquearon calles y carreteras, e incluso se apoderaron de una tanqueta policial
Ecuador vivió nuevos bloqueos e incluso choques entre manifestantes y la Policía, en la continuación de protestas en distintas partes del país en rechazo al incremento de los precios del combustible anunciado por el presidente Lenín Moreno.
Indígenas se sumaron a las protestas, iniciadas la semana pasada por transportistas, las cuales han paralizado diversas actividades. El Gobierno ha sostenido que no dará marcha atrás a su decisión de quitar el subsidio a los combustibles bajo el argumento de que ayudarán a enfrentar dificultades financieras del país.
Ayer se registraron bloqueos en varias carreteras y en calles de la capital ecuatoriana, además, algunos manifestantes burlaron barricadas policiales y militares en las afueras de Quito, e incluso se apoderaron de una tanqueta policial, la incendiaron y la lanzaron por una pendiente.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo que han identificado a “un grupo de indígenas que está destruyendo el orden y quebrantando la paz social, afectando a la infraestructura pública y privada”. Mientras que el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, señaló que Ecuador registra pérdidas por 70 millones de dólares diarios debido a la paralización de actividades y la imposibilidad de transporte entre provincias.
El jueves pasado, los transportistas declararon una huelga de actividades. Posteriormente se unieron grupos de estudiantes y finalmente los indígenas, quienes fueron invitados por el presidente Moreno al diálogo. El mandatario advirtió que no dará marcha atrás a las medidas decretadas, que buscan solucionar graves deficiencias en la caja fiscal, que destinaba mil 300 millones de dólares para subsidiar combustibles.
Las autoridades confirmaron cerca de 480 detenidos por obstaculizar el tránsito y suspender servicios públicos.
Tras las primeras protestas, el Gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción, que tiene vigencia de 60 días en todo el territorio nacional, lo que restringe derechos ciudadanos y faculta al Estado a requisiciones si es del caso.