Ecuador busca subir el IVA para financiar la seguridad
Distintos sectores políticos y sociales rechazaron la idea, piden cobrar más a los ricos del país
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a estudio de la Asamblea Nacional (Parlamento) un proyecto de ley en el que propone el aumento en tres puntos porcentuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según revela el documento difundido por el Gobierno.
El proyecto, denominado Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Economía, pide el aumento del IVA desde el 12 al 15 por ciento.
“El impacto recaudatorio de incrementar la tarifa del IVA al 15% implicaría un incremento de la recaudación de mil 306 millones de dólares”, según los cálculos del Ejecutivo plasmados en el documento enviado anoche a estudio de la Asamblea, que señala que la medida podría regir desde el próximo 1 de marzo.
En un comunicado, el Gobierno aclaró que la posible elevación del IVA no incluye productos de la canasta básica, así como tampoco productos alimenticios de origen agrícola, acuícola, avícola (leche, huevos, carne, pollo), medicamentos, servicios básicos (agua, luz, teléfono), transporte de pasajeros y de carga a nivel nacional, salud, educación, alquiler de viviendas, productos de higiene femenina, entre otros.
El jueves, Noboa había anticipado que se deberían adoptar acciones complejas ante la situación actual: “Debemos de tomar medidas duras, económicas, y debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero”, dijo.
En el comunicado enviado a la Asamblea, Noboa recuerda la complicada situación económica de la actual administración, y señala que en la situación de endeudamiento actual es necesario adoptar medidas fiscales proactivas para evitar la acumulación de deudas a largo plazo.
“Aumentar el IVA proporcionará al Gobierno una fuente constante de ingresos que no sólo permitirán atender las deudas existentes, sino también prevenir la acumulación de nuevas obligaciones financieras, promoviendo así la responsabilidad fiscal”, indica el proyecto de ley enviado con carácter de urgencia, por lo cual el Legislativo tiene un mes para tramitarlo.
EFE
Grupos indígenas y sindicatos, contra la medida
Grupos de indígenas y de trabajadores de Ecuador criticaron la propuesta legal del Gobierno del presidente Daniel Noboa para aumentar el impuesto al valor añadido (IVA) del 12% al 15%, como una medida para financiar la acción de las fuerzas del orden contra la violencia desatada por la delincuencia organizada.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y una filial del sindical Frente Unitario de Trabajadores (FUT), las dos organizaciones sociales más importantes de Ecuador, coincidieron en oponerse a la propuesta del Ejecutivo y recomendaron cobrar tributos a los sectores pudientes de la sociedad.
La Conaie, en un comunicado, aseguró que el incremento del IVA sugerido por Noboa podría “profundizar la desigualdad y la injusticia fiscal en el país”, ya que por un lado se han reducido impuestos y condonado deudas a grandes grupos económicos, mientras que por otro se sugieren medidas que afectan “directamente al bolsillo” de los trabajadores.
Para el movimiento indígena, la propuesta de Noboa “no tiene nada que ver con la lucha contra el narcotráfico ni con la mejora de las condiciones económicas del país”.
El correísmo advierte que no apoyará la elevación de impuestos
El movimiento político Revolución Ciudadana (RC), liderado por el ex presidente Rafael Correa (2007-2017), advirtió que no apoyará la propuesta del jefe de Estado, Daniel Noboa, de elevar del 12% al 15% el impuesto al valor añadido (IVA) para enfrentar la crisis que soporta el país.
“¡Que el peso de la crisis lo carguen quienes nunca pierden!”, titula un comunicado del grupo parlamentario de la RC, que tiene el mayor número de escaños en la Asamblea Nacional y que debe analizar el nuevo proyecto de ley enviado por Noboa.
Con la eventual subida al IVA, el Gobierno prevé un incremento de la recaudación de mil 306 millones de dólares.
La bancada parlamentaria del correísmo especifica que “no apoyará medidas que afecten a la clase media y los más pobres”.
Y avanzó que presentarán alternativas “que cuiden a la mayoría” del pueblo ecuatoriano y que “los que más tienen más paguen”, entre las que mencionó el aumento al impuesto a la salida de divisas (ISD), impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca, o impuesto único a grandes capitales.
Asimismo, la bancada insistió en la necesidad de controlar la evasión tributaria.
La OEA rechaza la violencia
La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó la escalada de violencia que atraviesa Ecuador y ofreció su apoyo “técnico” y “político” al Gobierno del presidente Daniel Noboa.
En una resolución aprobada por aclamación por los 33 países miembros de la organización, la OEA dio su respaldo al “régimen democrático” de Ecuador y se comprometió a “seguir monitoreando” la situación en el país para poder ofrecer “acompañamiento político” y apoyo técnico al Ejecutivo actual.
El documento fue aprobado en una sesión del Consejo Permanente en donde la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, pidió el “apoyo decidido” de todos los países latinoamericanos para hacer frente a lo que calificó de una “grave crisis y conmoción social” en su país.
Casi 900 detenidos y cinco delincuentes abatidos, el saldo del operativo
Patrullas militares y de la Policía realizaban ayer revisiones aleatorias a ciudadanos en el centro de la capital y otros puntos de Ecuador, como parte de la estrategia de seguridad que desplegó el Gobierno esta semana ante una nueva secuencia de ataques violentos.
Con armas largas y, en muchos casos, con la cara cubierta, militares y policías reconocen y revisan a ciudadanos, con especial atención a los que llevaban mochilas o maletas en las instalaciones del transporte público en pleno centro de Quito, donde se dio una alerta de bomba que fue descartada después de un operativo con perros adiestrados y un robot.
El Gobierno presentó un balance de su “lucha”, como ha calificado repetidamente el presidente Noboa al despliegue de la fuerza pública, que deja un saldo de 859 personas detenidas, 94 de ellas “por terrorismo” y cinco delincuentes abatidos, catalogados como “terroristas”, señaló el reporte publicado en la cuenta de la red social X de la presidencia en donde no se especifican las circunstancias de estas muertes.
Tampoco se ha detallado si esas cinco muertes son adicionales a las 14 personas muertas en la ciudad costera de Guayaquil y sus alrededores desde que arrancó la secuencia de ataques del lunes. No se conoce la cifra de víctimas a nivel nacional.
Según ese recuento oficial, en la última semana ha habido 20 atentados contra infraestructura pública y privada y en más de siete mil 800 operativos realizados se han incautado 246 armas de fuego, 187 armas blancas, 126 explosivos y más de cuatro mil municiones, agregó.
Tampoco se especificó en el balance la situación en la que se encuentran los funcionarios penitenciarios, entre guardias y personal administrativo, que llevan retenidos en siete cárceles desde el inicio de la semana.
AP
Voz del experto
Solange Márquez, analista internacional
La crisis y el atractivo de Bukele
Las imágenes del canal ecuatoriano de televisión tomado por miembros de la delincuencia organizada dio la vuelta al mundo en pocas horas. El estallido de inseguridad en Ecuador, iniciado el pasado 8 de enero, es un claro ejemplo de que el tema de seguridad será uno central en la agenda pública de toda la región.
Lamentablemente, el problema no es nuevo para Ecuador: en los últimos cuatro años, pasó de ser un paraíso identificado por las islas Galápagos a un abismo de inseguridad dominado por los cárteles del narcotráfico con innegables vínculos con los cárteles mexicanos.
Noboa, con menos de dos meses en el cargo, enfrenta uno de los momentos de inseguridad más delicados en la historia de Ecuador, en buena parte originados por su propuesta de adoptar una política de “mano dura” al estilo de Nayib Bukele en El Salvador. Propuestas como la creación de cárceles barcaza, la extradición de capos de la droga y la militarización de las calles, reflejan un cambio significativo hacia medidas extremas.
Recordemos que sus posturas como candidato presidencial se fueron endureciendo, proponiendo emular no sólo las tácticas de Bukele, sino también su sistema carcelario. Esta dirección política encuentra eco en un Ecuador aún conmocionado por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y la creciente valoración de figuras como Bukele que encabeza la aprobación de los presidentes en la región con un asombroso 92% de los latinoamericanos, incluyendo ecuatorianos, que aprueban su gestión.
La política de seguridad de Bukele, a pesar de ser controvertida, ha resultado en una disminución drástica de más del 80% en homicidios y desapariciones forzadas, y casi el 50% en extorsiones en El Salvador. Frente a estos números, este modelo de seguridad se vuelve atractivo para países asolados por la violencia.
A pesar de estos logros, no podemos pasar por alto el lado oscuro de la gestión de Bukele, pues si bien sus estrategias de seguridad han dado resultados tangibles en el corto plazo, su inclinación autoritaria representa un riesgo serio para las instituciones democráticas. El modelo salvadoreño plantea interrogantes a largo plazo. Desde la crítica por violaciones a derechos humanos tras la detención de decenas de miles de personas hoy retenidas en una mega-cárcel, hasta el talante autoritario de Bukele, ejemplificado con el cuestionable proceso que le permitió postularse nuevamente para las próximas elecciones presidenciales del 4 de febrero, a pesar de las restricciones constitucionales de El Salvador.
Aunque la reducción de la violencia es un objetivo loable, es crucial considerar el respeto a las libertades fundamentales y la construcción de instituciones sólidas y justas.
En México, la situación no es ajena, la percepción de inseguridad entre los mexicanos ronda el 62%. El fracaso del Gobierno actual en la lucha contra este flagelo que nos ubican con cifras alarmantes de homicidios similares a las de Ecuador, y el creciente incremento de la violencia de los cárteles se convertirá en un tema de campaña rumbo a las elecciones de junio próximo.
El caso de El Salvador destaca un dilema crucial para toda la región: encontrar un equilibrio entre la efectividad de las políticas de seguridad y el respeto inquebrantable a las normas democráticas y los derechos humanos. La búsqueda de la paz en la lucha contra la delincuencia organizada, tan deseada por los ciudadanos, no debe comprometer las libertades democráticas. Encontrar este balance es el desafío más significativo que enfrentamos.
Colombia refuerza su frontera
Las autoridades colombianas se mantenían en alerta ante el posible ingreso por su porosa frontera de alias “Fito”, un peligroso capo del narcotráfico buscado por Ecuador, dadas las alianzas criminales que sostiene su banda “Los Choneros” con grupos ilegales colombianos, según las autoridades.
José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, desapareció misteriosamente el domingo de su celda en Guayaquil antes de que lo trasladaran a una prisión de máxima seguridad.
Mientras en Ecuador se dispuso un grupo élite para la búsqueda del cabecilla, Colombia envió a su frontera cientos de efectivos militares, así como helicópteros para monitoreo permanente, en un operativo que pretende cerrarle el paso tanto a “Fito” como a cualquier otro actor ilegal.
Según el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, los organismos de inteligencia en un cruce de información con las autoridades ecuatorianas no descartan que alias “Fito” quiera buscar refugio en Colombia.
AP
CT