Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica: "La comunidad internacional no habla lo suficiente de Nicaragua, opacada por el drama venezolano"
En una entrevista con BBC Mundo, el mandatario costarricense reclama mayor escrutinio global de su vecino: “En Nicaragua el régimen ha violado de manera flagrante los derechos humanos”
Carlos Alvarado tenía apenas 38 años cuando asumió la presidencia de Costa Rica, tras vencer a un predicador evangélico en unas elecciones polarizadas por el tema del matrimonio gay.
Hoy, casi un año y medio después, este presidente con antecedentes de rockero y escritor ha visto caer sus índices de aprobación en medio de problemas económicos en su país.
En una entrevista con BBC Mundo en Nueva York, Alvarado admite que quizá le haya faltado explicar bien la necesidad del ajuste fiscal, toda una paradoja para él que en el pasado también trabajó en comunicación política.
Asegura que ha puesto "la casa en orden" para la recuperación económica, pero señala que prefiere invertir su capital político en mejorar el empleo y la educación antes que promover la laicidad del Estado costarricense que planteaba su programa.
No obstante, anuncia que firmará este año la regulación del aborto terapéutico, para que médicos puedan interrumpir embarazos cuando hay riesgo para la vida o salud de la mujer, como contempla la ley.
El asunto podría volver movilizar a grupos religiosos en contra, y Alvarado reconoce que el debate puede polarizarse otra vez.
También reclama más atención de la comunidad internacional sobre Nicaragua, donde asegura que el gobierno de Daniel Ortega "ha violado de manera flagrante los derechos humanos".
Lo que sigue son extractos del diálogo con Alvarado al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York.
¿Cuál ha sido su principal logro y fracaso en el tiempo que lleva como presidente de Costa Rica, en pocas palabras?
Poner la casa en orden y no lograr que entiendan la importancia de poner la casa en orden.
¿Puede explicarlo?
Cuando llegué teníamos una deuda pública que era el equivalente a más de 50% del PIB. Era insostenible. Y un presupuesto nacional que tiene un componente de 40% de intereses de deuda. ¡Imagínese eso en las finanzas familiares!
Entonces tuvimos que avanzar en un plan económico y fiscal que corrigiera eso sin destruir un Estado social de derecho.
Se hizo un ajuste que incluyó impuestos progresivos que eran necesarios, moderar el crecimiento de los salarios públicos sin despidos masivos, pero que implicó mayor eficiencia. Eso hoy nos da una ruta de recuperación para nuestra economía.
Tal vez no he podido explicar bien por qué era tan importante hacerlo para proteger a todas las personas, sobre todo las más pobres.
Usted venció en las elecciones a Fabricio Alvarado, un predicador evangélico que sumó votos oponiéndose al matrimonio igualitario, la fecundación in vitro y el aborto. ¿Cuánto poder político tiene el movimiento evangélico en Costa Rica?
Hay que diferenciar cosas. Costa Rica es un país plural y hay una población muy importante que es evangélica. No es necesariamente lo mismo que decir que haya un grupo político evangélico que represente a esa gran población evangélica de manera absoluta.
Diferente es si hay políticos que han usado la religión para ganar espacios políticos. Pero creo que en el último año ha habido mucha división en ese sector. Si logramos como sociedad llevar el debate a los temas sustantivos, y no polarizarnos, se verá reflejada en su justa dimensión la fuerza de estos grupos políticos.
En Costa Rica han anunciado un proyecto de ley para declarar el Estado laico. ¿Usted lo apoya?
En nuestro programa está que el Estado sea un Estado laico. Habiendo dicho eso, si tuviera que escoger, mi capital político y mis prioridades en este tiempo están más en la generación de empleo y mejora educativa que llevar al país a la discusión de la laicidad o no del Estado.
Pero yo particularmente sí favorezco que el Estado sea laico. Ahora, también hay que verlo en el contexto de la correlación de fuerzas.
Uno de los compromisos con los que se creó su alianza gubernamental fue evitar alterar la ley antiaborto de Costa Rica. Pero ahora debe decidir si va a firmar una norma técnica para regular el aborto terapéutico, al que se oponen grupos religiosos. ¿Va a firmarla para que médicos puedan interrumpir embarazos cuando hay riesgo para la vida o salud de la mujer?
Sí, la voy a firmar este año.
¿Eso podría reeditar el "shock religioso" que hubo en la campaña electoral cuando ocurrió el fallo de la Corte Interamericana sobre el matrimonio igualitario?
Esperaría que no. Nunca fue un tema que yo ocultara, en campaña hablé abiertamente de que es algo que iba a hacer. Este año he estado conversando que iba a hacer la firma de la norma técnica.
Y también le he pedido a los medios de comunicación y los actores políticos que expliquen bien qué es.
Es un protocolo que tutela algo que ya es ley, que dice que está la figura del aborto impune cuando está en riesgo la vida de la mujer embarazada. Ya se legisló sobre esto. Lo que estoy haciendo es cumplir la ley.
Lo que pasa es que es un tema polémico que algunos sectores usan para radicalizar su posición en favor del aborto libre, que no es eso, y otros para radicalizar su posición conservadora anti cualquier tipo de aborto, incluido el que ya es ley.
Cuando los extremos monopolizan el debate, estamos en una situación muy complicada.
Como dicen el fútbol, hay que llevar la bola al centro.
Tres países centroamericanos (Guatemala, Honduras y El Salvador) han firmado acuerdos con el gobierno de Donald Trump para frenar la migración hacia el norte y restringir las posibilidades de pedir refugio en Estados Unidos a quienes huyen de la pobreza y violencia extrema de esas naciones. ¿Le parece bien? ¿O comparte la inquietud de quienes creen que aumenta los riesgos para los migrantes centroamericanos?
En el caso de Costa Rica, nosotros tenemos otro perfil migratorio.
Tenemos que poner la discusión en cuanto al desarrollo de Centroamérica, el precio de los productos centroamericanos, cómo mejorar las condiciones de vida.
La discusión nunca está ahí, pero esa es la que resuelve el tema de fondo.
Entiendo que haya discusiones sobre acuerdos migratorios, temas de refugiados, personas a las que no se les permite ingresos…
A la larga, si hay migración es porque la gente necesita irse de donde está, sea por violencia, hambre o pobreza.
Mientras no mejoremos el estado del vecindario como tal, nosotros como vecinos, sea Costa Rica o Estados Unidos, no vamos a estar mejor.
La crisis de Venezuela sigue siendo el principal tema regional en esta asamblea de la ONU, al igual que el año pasado. ¿Qué le ha faltado a la comunidad internacional para lograr su objetivo de llamar a elecciones, instalar un nuevo gobierno democrático y aliviar la crisis en el país?
Necesitamos auspiciar la confianza.
Hay un consenso de que la solución tiene que ser de las partes en Venezuela. Todos los demás somos encargados de auspiciar que se llegue ahí.
Eso es dialogando. No todas las opciones están sobre la mesa.
Como país sin Ejército, no creemos en las opciones militares. Pero sí creemos que tiene que haber una pronta solución.
Otro tema que está oculto ahí, que es el que más nos afecta a nosotros, es Nicaragua.
En Nicaragua el régimen ha violado de manera flagrante los derechos humanos. Muchos han ido a Costa Rica como refugiados y otras por migraciones económicas.
Pero es una situación de la cual la comunidad internacional no está hablando lo suficiente, opacada por el drama venezolano. Pero tiene el mismo o mayor nivel de complejidad en materia de derechos humanos y democracia.
¿Cree que hay omisión de la comunidad internacional con lo que pasa en Nicaragua?
Sí, la comunidad internacional tiene que volver más los ojos a Nicaragua.
No podemos olvidar que en abril de 2018 murieron más de 300 personas opositoras que se manifestaron.
Así como otras tantas violaciones de derechos humanos que han sido documentadas. Pero eso no ha sido tan latente para la comunidad internacional.
Hay que volcar la mirada. También se requiere un diálogo para recobrar la paz social y una solución institucional que pasa por una nueva validación del contrato social en materia electoral.
¿Una nueva elección?
Sí. Lo que no es aceptable es que entremos en un escenario en el que interactuemos como si aquí no pasó nada.
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JM